¿Cuál es el fundamento por el cual la CSJN está exenta de cumplir los reglamentos que hace cumplir al conjunto de la sociedad? ¿Por qué razón el «supremo tribunal de la nación», no está alcanzado por los cupos de género, las leyes impositivas y demás cuestiones de la vida civil?

Si Hay Proscripción, no Hay Democracia
¡Llegó el momento que la política asuma y ejerza sus responsabilidades! ¡La democracia y los poderes que representan al pueblo, no pueden permitir que un cuerpo colegiado autoconsiderado de elite (en el sentido de casta superior), con privilegios por encima de la ley, pretenda conducir los destinos de la patria! Un tribunal con el 66% de sus integrantes, con inhabilidad moral demostrada, al aceptar ser designados de manera inconstitucional por decreto; por ende nula de nulidad absoluta, pese a que algunos quieran interpretar como subsanable la violación del art 99 inc 4 de la CN (desoyendo la jurisprudencia de la misma corte, que sostiene que «los actos administrativos dictados en fraude a normas constitucionales sustanciales, son nulos de nulidad absoluta») aunque luego, se los haya designado «secundum legem». Y con el 33% restante integrado por un juez sospechado de nepotismo y de ser un peón del poder económico.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha demostrado una vez más que es un tribunal que no solo NO sustenta sus resoluciones en derecho, sino que está al servicio del poder económico que históricamente quiso mover y hoy mueve los hilos de la Argentina.

¿Cuál es el fundamento por el cual la CSJN está exenta de cumplir los reglamentos que hace cumplir al conjunto de la sociedad? ¿Por qué razón el «supremo tribunal de la nación», no está alcanzado por los cupos de género, las leyes impositivas y demás cuestiones de la vida civil? ¿Desde dónde surge el fundamento que sus integrantes no deben respetar lo ordenado por la Constitución Nacional? ¡Llegó el momento que se sometan al control popular!

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado su rol central en el entramado del lawfare al rechazar, mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, el recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, tal como ya lo había hecho con Amado Boudou. Esta decisión, adoptada sin brindar fundamentos, no solo desnaturaliza el espíritu de la norma sino que la aplica contrario sensu, es decir, de manera opuesta a su finalidad original: garantizar un orden jurídico justo y transparente. Por el contrario, el artículo 280 se convierte así en un mecanismo de cierre autoritario del debate judicial cuando se trata de dirigentes populares.

La reiteración de esta práctica pone de manifiesto la utilización facciosa del derecho como arma de persecución política, y exhibe, una vez más, el desprecio del máximo tribunal por la voluntad democrática expresada en las urnas. A su vez, deja en evidencia el temor reverencial de sus integrantes ante la presión mediática y su sumisión servil a los intereses del poder económico concentrado.

Resulta insultante que la misma Corte Suprema que se allanó, sin pudor, a aceptar un per saltum para intervenir en el traslado irregular de jueces, invocando una supuesta «gravedad institucional» con el único objetivo de exhibir su capacidad de disciplinamiento político, o que, excediendo sus atribuciones, legisló de facto al declarar inconstitucional la ley que reforma el Consejo de la Magistratura para reimplantar una norma ya derogada, con la intención de seguir presidiendo de forma vitalicia ese instituto; considere ahora inadmisible, irrelevante o carente de gravedad, el análisis de un proceso penal plagado de nulidades, arbitrariedades, abusos de poder y ensañamiento. Un proceso que, entre otras personas, tiene como figura central a Cristina Fernández de Kirchner: dos veces presidenta de la Nación con más del 52% de los votos, ex vicepresidenta, ex senadora y diputada nacional. Su verdadero «delito» fue promover un conjunto de políticas públicas que beneficiaron a millones de argentinos y argentinas: la implementación de la Asignación Universal por Hijo en medio de la crisis financiera global de 2008 provocada por la caída de Lehman Brothers; la creación del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES; la eliminación del régimen privatizado que estafaba a nuestros jubilados; la ampliación del sistema previsional que permitió que más de tres millones de personas accedieran a una jubilación tras toda una vida de trabajo; la reducción histórica del desempleo y la pobreza, llevándolos a niveles mínimos en América Latina; y una inversión sin precedentes en educación, ciencia y tecnología, con la creación de más de veinte universidades nacionales. Pero lo que el poder económico y sus voceros judiciales no le perdonan es haber saldado la deuda con el FMI y haber concretado, por primera vez en décadas, una distribución del ingreso que se alineaba con los postulados históricos del peronismo «La Distribución de la Riqueza»: durante ese período, los trabajadores llegaron a participar del 53% del Producto Bruto Interno argentino. Esa es la verdadera raíz del ensañamiento judicial que hoy se disfraza de formalismo jurídico.

Los Diputados y Senadores representantes del único Soberano, que es el pueblo de la Nación Argentina, deben de urgencia y con la mayor premura propiciar una reforma del Poder Judicial, que termine con la designación vitalicia, que contemple que los jueces revaliden su desempeño cada 6 años y que los Ministros de la Corte sean electos por el voto, cesando en sus funciones con posibilidad de ser reelectos por el voto popular respetando el sistema Dont. Traten la destitución mediante el juicio político a los ministros de esta corte vergonzosa, con la finalidad de conformar un verdadero cuerpo independiente de los poderes fácticos (financieros y mediáticos) que tenga perspectiva de género, que contemple la realidad social del país, pero que sobre todo sea un poder republicano al servicio de la Nación en cumplimiento de las leyes, sin privilegios y no al servicio de los intereses de una minoría poderosa.

Si el conjunto del pueblo argentino, junto a los 2 poderes del Estado que son electos por el voto popular (PEN y PLN), no toman el toro por las astas y no se plantean realmente terminar con el poder otorgado a esos 3 cómplices de la única corrupción repudiable que es la de los empresarios fugadores de divisas y evasores, que imposibilitan que el Estado asuma su rol para resolver los problemas de los millones de argentinos y argentinas; Lamentablemente no harán más que confirmar que «todos estamos bajo libertad condicional» y demostrar que los únicos ciudadanos pasibles de recibir sanciones judiciales, somos los ciudadanos de a pie, aquellos que podemos elegir representantes y ser elegidos, confirmando que en la Argentina hay un poder exento de todo control, de carácter vitalicio y con la suma de privilegios que han ido construyendo en complicidad con los medios hegemónicos de comunicación y los dueños de las grandes fortunas.

Rodrigo Echandía

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