Antecedentes

El 10 de diciembre de 1983 el candidato radical Raúl Alfonsín, asume el gobierno nacional después de más de siete años de dictadura cívico militar; la más brutal de nuestra historia.

El país está en un estado de desquicio generalizado. La deuda externa se multiplicó por diez en relación al 24 de marzo de 1976. Los detenidos desaparecidos estimados en más de 30 mil, se suman al desastre militar de la Guerra de Malvinas como otra deuda pendiente de los golpistas.

No obstante, la recuperación de la democracia inyecta nuevas esperanzas.

Un hecho político inédito: el justicialismo por primera vez es derrotado en las urnas. El gobierno anula la autoamnistía que la dictadura sancionó sobre los crímenes cometidos y avanza en la búsqueda de la verdad para hacer justicia, con la creación de la Comisión Nacional sobre la Desparición de Personas (CONADEP), que reúne y sistematiza denuncias sobre el tema. La modificación al Código Civil establece la patria potestad compartida y el postergado divorcio vincular. El oficialismo crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia tratando de generar consenso con los partidos políticos, pero su interés en crear un “tercer movimiento histórico” superador de las fuerzas creadas por Hipólito Yrigoyen y Juan Perón, enrarece la relación con los opositores. Una reforma sindical que pretende terminar con la hegemonía peronista (Ley Mucci) a lo que debe agregarse una gradual pérdida del poder adquisitivo, fue tensando la relación del gobierno con los trabajadores y el sindicalismo. Pero el frente militar era sin duda, el más complejo. La CONADEP entregó al presidente en septiembre de 1984, documentación sobre 8960 desapariciones forzadas. Comenzaba un enjuiciamiento histórico.

Alfonsín instruyó al Consejo de las Fuerzas Armadas para que inicie actuaciones contra los ex jefes de la dictadura, pero ante las dilaciones de los jueces militares y merced a la reforma del Código de Justicia Militar, interviene la justicia federal. Así se sentó un precedente inédito. También se instruye al poder judicial para iniciar acciones contra líderes de la guerrilla setentista que seguían con vida; entre ellos, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo (Ejército Revolucionario del Pueblo – ERP-), Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja (Montoneros) y otros. Paralelamente, la economía se complicaba y 1984 cierra con una inflación del 700 por ciento. La crisis se llevó puesto al ministro de economía Bernardo Grinspun, reemplazado por Juan Vital Sourruille quien aplica su Plan Austral. En líneas generales, es el tradicional ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para desembolsar préstamos, sumado al cambio de signo monetario. El “enfriamiento” dura poco tiempo. Las variables económicas comienzan a recalentarse.

A partir de abril de 1985 comenzaron a declarar los testigos del terrorismo de Estado. A fin de ese año, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera son condenados a prisión perpetua. Roberto Viola recibe 17 años, 8 años para Armando Lambruschini y Orlando Agosti recibe 3 años y 9 meses. Leopoldo Galtieri, Omar Graffigna, Jorge Anaya y Basilio Dami Dozo fueron absueltos. El juicio por las responsabilidades de la guerra perdida, transcurren por otro canal. Las denuncias sobre los uniformados implicados en la represión ilegal, se multiplicaron. El tema genera preocupación en las fuerzas armadas. El gobierno decide finalizar con las presentaciones poniendo fecha tope a las mismas. Así se sanciona la ley llamada de Punto Final. Se registran atentados con explosivos y en los cuarteles reina la inquietud. En abril de 1987 estalló la crisis militar, acaudillada por el teniente coronel Aldo Rico. Los insurrectos pasan a ser conocidos como los “cara pintadas”, por enmascararse con crema de camouflage. La exigencia: solución política a las responsabilidades de la represión ilegal; es decir, amnistía. El Jefe de Estado Mayor General Héctor Ríos Ereñú no puede mantener la disciplina y renuncia. Los carapintadas sublevan varias unidades y mantienen al país en vilo durante varios días. Finalmente Alfonsín consigue la rendición de los cabecillas y sus seguidores. No fue gratis. Poco después aparece el proyecto de ley: llamado de Obediencia Debida que libera de culpas a los rangos menores, manteniendo el procesamiento sólo hasta los jefes de área. Una gran decepción recorre la sociedad, a lo que hay que sumar el fracaso del plan económico que lleva al gobierno a aplicar en 1988, otra serie de medidas conocidas como Plan Primavera. El nuevo plan apenas contuvo la inflación unos pocos meses y para fines de ese año, el costo de vida, la fuga de capitales, el aumento del dólar, la conflictividad social y los paros sindicales, generaban un clima que se espesaba día a día. Hasta aquí, el complejo contexto en que se produce el ataque a La Tablada.

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