El estallido político y social de diciembre de 2001 dejó entre otras secuelas, el problema de los ahorros atrapados en el «corralito». Recordemos que el simpático diminutivo se refiere a la draconiana prohibición ideada por el ex ministro de economía Domingo Cavallo, de retirar fondos para evitar una fuga de los capitales depositados en los bancos.                                                           

Caído  De La Rúa y luego del desfile de presidentes provisionales, Eduardo Duhalde al hacerse cargo de la primera magistratura aseguró que «quien depositó dólares, cobrará dólares». Semanas después confesó la imposibilidad de que los ahorristas se reencuentren con sus ansiados billetes verdes, simplemente porque ya no estaban en los bancos.                                                     

Los frentes de las entidades bancarias fueron blancos de la furia cotidiana de quienes ya se denominaban «ahorristas estafados» y algunos ensayaban sin mucha esperanza, el camino judicial.

Así comenzaron a aparecer  los recursos de amparo favorables al depositante, que obligaban a los bancos a devolver el dinero incautado. La salida compulsiva de dinero vía judicial, alarmó al sistema financiero que reconoció en la primera semana de junio de 2002, una pérdida de ciento cuarenta y tres millones de pesos devueltos bajo presión de los jueces. Intentando una solución masiva y extra judicial, el  Banco Central de la República Argentina implementó el Plan Bonos. Este consiste básicamente  en canjear los plazos fijos por bonos a cobrar hasta en diez años de plazo. A mediados de junio de 2002 se lanzó el plan ante la indiferencia de los ahorristas que, como  comentaron  algunos ejecutivos bancarios, las acciones judiciales conspiraban  contra el éxito del plan, ya que el amparado por la Justicia podía reencontrarse con todo su dinero a corto plazo.

Algunas entidades ofrecieron alternativas, como devolver un porcentaje en efectivo y el grueso de la deuda en bonos, como lo hicieron el Banco Ciudad de Buenos Aires y el Macro-Bansud; pero los acreedores siguieron impermeables. Ni siquiera la oferta de la AFIP de que los tenedores de bonos puedan cancelar impuestos con esos valores, resultó atractiva.

Pero el Plan Bonos tuvo un plazo – 16 de julio de 2002 – para poder optar por esa promesa de pago a futuro en dólares, o resignarse a la reprogramación de los plazos fijos con las respectivas quitas, pesificación y otras confiscaciones que tienen un denominador común: achicar notoriamente el capital cuando sea recuperado. 
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