La acción de “tomar” con referencia a ocupar un sitio, es un vocablo de frecuente uso militar.

Como otros tantos términos, es compartido por la sociedad civil para representar la apropiación de un espacio que puede ser público o privado.

En la medida que la política y las expresiones sociales fueron perdiendo el carácter armado que tuvieron durante buena parte del siglo XIX en nuestro país. En tanto, en la centuria pasada nuevas formas de reclamo se fueron instalando en el escenario argentino.

La decisiva década de 1940, fue testigo del protagonismo estudiantil universitario, que en su mayoría se alineó con la oposición al naciente peronismo y el gobierno surgido del pronunciamiento militar de 1943. Una de las expresiones de ese rechazo, fue la toma de facultades que la Federación Universitaria Argentina (FUA), ordenó a sus adherentes durante el convulsionado año 1945. La ocupación de las altas casas de estudio, fue una práctica habitual de los estudiantes durante aquellos años.

A pesar de la dureza del enfrentamiento que en algunos momentos sostuvo el gobierno de Juan Domingo Perón con sus opositores, entre quienes se encontraban numerosos estudiantes de clase media, ese tipo de medidas nunca alcanzaron la masividad y virulencia que tuvieron pocos años después, durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962). En esa gestión, la sanción de una ley que permitía a las universidades privadas otorgar títulos habilitantes, desató una controversia que apasionó al país: la opción era “laica o libre”. La frase se refería a la disyuntiva entre enseñanza superior laica, gratuita y estatal o la alternativa que incluía a la educación privada, arancelada y con autorización para otorgar títulos profesionales habilitantes. La FUA alineada con la educación “laica”, apeló a su capacidad de movilización para manifestarse en las calles y en la toma de facultades. La ley salió como pretendía el gobierno nacional, con la apertura a la enseñanza libre y privada.

Pero no habían finalizado los ecos de la lucha estudiantil, cuando el 1° de enero de 1959 los trabajadores del Frigorífico Nacional Lisandro de La Torre, en el barrio porteño de Mataderos, proceden a ocupar el establecimiento en rechazo a la privatización del mismo que había ordenado Frondizi. La toma del frigorífico, se transformó en un hecho legendario dentro de la historia de las luchas sindicales argentinas: el ejército ingresó con tanques a la planta y los obreros procedieron a liberar cientos de vacunos que durante horas deambularon en las inmediaciones.

Pero la modalidad de la toma alcanzó una dimensión pocas veces vistas aún a escala internacional, durante el Plan de Lucha que la Confederación General del Trabajo (CGT) implementó en nuestro país durante 1964, contra la política económica del gobierno del doctor Arturo Illia. Durante los meses de mayo y junio de ese año, la central obrera impulsó la ocupación de unos diez mil establecimientos fabriles y comerciales, por sus trabajadores en demanda de mayores salarios, fijación de precios máximos para productos alimenticios y reincorporación de cesanteados por motivos sindicales, entre otras demandas.

Según los gremialistas, casi cuatro millones de asalariados participaron en las tomas. La contundencia de la medida demostró el poder de las organizaciones sindicales y también la debilidad política relativa del gobierno radical.

Este fue derrocado por un golpe militar en 1966 y debido al clima represivo imperante durante la gestión del general Onganía, no se registraron tomas masivas de fábricas. Pero a principios de 1970 en las plantas automotrices de Córdoba y en razón de una puja interna, los operarios de Concord y Materfer (FIAT), ocupan los establecimientos y retienen en calidad de rehenes a los directivos de la empresa. La toma triunfa y los huelguistas lograron sus demandas. Luego los conflictos fueron incrementándose y la toma de las fábricas cordobesas fue parte del paisaje cotidiano.

En paralelo a las tomas obreras y estudiantiles, un elemento nuevo se introduce en esa modalidad de lucha: las ocupaciones de establecimientos que con fines de propaganda, realizan las nacientes organizaciones guerrilleras. Era frecuente durante los años setenta que grupos armados “tomaran” fábricas y realizaran arengas políticas a los trabajadores, mientras distribuían material de propaganda.

Durante las primeras semanas del gobierno de Héctor Cámpora en 1973, una ola de ocupaciones recorrió los edificios públicos y numerosas reparticiones fueron tomadas por sus empleados en el marco del enfrentamiento que sostenían sectores opuestos del peronismo triunfante; y también para desalojar a funcionarios de la reciente dictadura que permanecían en sus cargos.

La modalidad cruzó la última parte del siglo XX con distinta suerte. Luego fueron escenarios de tomas, las fábricas recuperadas por sus trabajadores y también los colegios secundarios que en 2005, fueron ocupados por sus alumnos persiguiendo distintas demandas; y nuevamente las facultades en 2006 cuando el estudiantado, rechazó la elección del nuevo rector de la Universidad de Buenos Aires.

Si bien las ocupaciones de escuelas secundarias tiene una larga historia, se considera que la primera toma protagonizada por escolares se cumplió en mayo de 1796 durante el virreinato de Pedro de Melo, en el Colegio Real San Carlos, antecedente del actual Nacional Buenos Aires. Algunos de sus alumnos que ya adultos entrarían en nuestra Historia, fueron Gregorio de Las Heras, Bernardino Rivadavia y otros. La demanda de los educandos, la mayoría pupilos, fue por las malas condiciones de los dormitorios, la circulación de ratas y la escasa y mala calidad de la comida.

Realizando un salto en el tiempo y ya en el presente, en los últimos días de septiembre de 2022 una serie de establecimientos de enseñanza media comienzan a ser ocupados por los alumnos, encabezados por el Mariano Acosta.

Siguen el Normal Superior de Lenguas Vivas Esther Broquen de Spangenberg, el Mariano Moreno y otros, hasta totalizar una veintena de unidades; a las que se suman los colegios dependientes de la Universidad de Buenos Aires, el Carlos Pellegrini y el Nacional Buenos Aires. El primero optó por la toma del edificio, el Buenos Aires eligió “pernoctar” una noche como modalidad de protesta y apoyo a los demás colegios en conflicto. Las principales demandas de los estudiantes: solución a los problemas edilicios que en general son de vieja data, mejorar la calidad y cantidad de raciones que en muchos casos no alcanzan para todos los alumnos, y rechazo a las pasantías en empresas en un programa que instituyó el gobierno porteño, denominado ACAP (actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores). Los alumnos denuncian que dicho programa es explotación encubierta y no remunerada, ya que serían empleados en tareas de

apoyo donde no adquirirán ninguna capacitación, tal es la queja de los jóvenes.

Algunas de las demandas, coinciden curiosamente con las de sus pares de 1796.

El gobierno porteño reaccionó con dureza denunciando las ocupaciones en la Justicia, la que intimó a los padres de algunos alumnos mediante notificaciones llevadas por patrulleros policiales en horas de la noche. La acusación es la presunta violación de un código contravencional, haciendo responsables a los adultos por eventuales daños que sufrieran los edificios escolares y también de los salarios del personal que no pudo cumplir tareas durante las ocupaciones.

Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, sostuvo: “Los chicos están pidiendo ser escuchados. Hay que dar respuestas a demandas que no son tan difíciles de resolver, escuchando y hablando” (1).

A su vez, el Jefe de Gobierno apoyó a su ministra de Educación Soledad Acuña, reafirmando su inflexibilidad mientras duren las tomas. En una alocución refiriéndose al conflicto, Rodríguez Larreta se extendió a cuestiones ajenas a la lucha estudiantil, como la huelga de trabajadores del neumático a la que calificó de “extorsión” o a la presunta intención del “kirchnerismo”, de querer derogar las elecciones PASO del año 2023. Al comenzar el mes de octubre, ocho centros de estudiantes levantaron las tomas, pero otros dieciséis permanecían ocupados.

El conflicto siguió escalando y a las ocupaciones se sumó un paro por 24 horas, decretado por la Unión Trabajadores de la Educación de la ciudad de Buenos Aires. Para esa fecha, el conflicto se desarrollaba sin una solución a la vista.

1) Página 12 – Buenos Aires – 01-10-22