Promediaba la década de 1990. En la Argentina la transformación de la matriz productiva que había iniciado la dictadura en 1976, se profundizaba bajo el gobierno constitucional de Carlos Menem y en el marco mundial de la “Revolución Conservadora” pregonada por el eje George Bush (padre) y Margaret Thatcher. En realidad, el plan económico menemista se basó en las antiguas recetas liberales que en nuestro país y en el resto del mundo en desarrollo, fracasaron históricamente. Sus ministros de Economía, salvo matices, respondían a esa visión. Pero sin duda fue Domingo Cavallo, ex funcionario de la dictadura procesista, quien estableció la paridad del “uno a uno”; un dólar, un peso y se convirtió en superministro de esa etapa. Aquella medida se convirtió en la “vedette” del modelo, pero fue acompañada por una batería de decisiones que tomando como eje el desguace del Estado, privatizó áreas sensibles de servicios, generó cientos de miles de desocupados y terminó financiando la contención artificial del “uno a uno”, con el remate de bienes del Estado, importaciones salvajes merced a un dólar artificialmente barato y un endeudamiento externo colosal. A mediados de los ‘90 el agotamiento de la experiencia era notoria y en 1996 en las lejanas ciudades neuquinas de Cutral Có y Plaza Huincul, trabajadores cesanteados por la YPF privatizada cortaron la ruta 22 para visibilizar sus reclamos.

Tomando a YPF como caso testigo de cesantías provocadas por las privatizaciones, recordemos que en 1992 antes de su venta, la empresa contaba con 50 mil trabajadores; cinco años después, sus empleados rondaban los siete mil. La medida de fuerza de los petroleros despedidos en el sur tuvo escasa repercusión en los medios nacionales, pero luego comenzaron a surgir como focos aislados, piquetes cortando rutas en distintos puntos del país. En abril de 1997 uno de ellos alcanzó una trascendencia dramática; fue en Cutral Có, cuando la Gendarmería Nacional junto a efectivos de la policía provincial, reprimió el corte que desocupados y docentes en lucha realizaban sobre la ruta 22. Una joven empleada doméstica fue alcanzada por una bala de los represores que le causó la muerte; se llamaba Teresa Rodríguez. Su nombre se convirtió en bandera de las luchas piqueteras y hoy identifica al Movimiento Trabajadores Desocupados (MTD) Teresa Rodríguez.

Para entonces la modalidad de reclamo se había extendido por todo la Nación y las rutas y calles siguieron cosechando víctimas. En 1992 surge en Jujuy una poderosa organización de base piquetera, la Tupac Amaru, que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández llevó adelante importantes planes de vivienda y urbanización y cuyo enfrentamiento con los poderes político – feudales locales, llevó a su máxima dirigente Milagro Sala, a la cárcel durante años. Su detención es considerada ilegal por los organismos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y también de la Organización de Estados Americanos (OEA). En noviembre de 2000, en plena recesión y bajo el gobierno de Fernando De La Rúa, otro desocupado es muerto por las balas policiales, se trata de Aníbal Verón caído en Tartagal, Salta.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) desprendida de la Central Obrera tradicional (CGT) dedica atención a los desocupados para que se organicen, en vista de que el problema se convierte en estructural. En diciembre de 2001, a las puertas del mayor estallido social de nuestra historia, la CTA impulsa la creación del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), pero el derrumbe del gobierno aliancista y sus consecuencias, en horas hizo quedar viejas todas las estadísticas en cuanto a pobreza y desocupación.

Las masivas movilizaciones populares que se llevaron puestos a De La Rúa y Cavallo, generaron hechos inéditos, como algún cántico de los sectores medios cuyos ahorros quedaron atrapados en los bancos por las medidas draconianas implementadas por

Domingo Cavallo, para salvar al sistema financiero argentino. Cantaba la clase media defraudada por los bancos mientras marchaba: “Piquete y cacerola / la lucha es una sola”.

Pero la grieta que poco después volvería a abrirse entre quienes sufrían los cortes de tránsito en las ciudades y los que los practicaban, demostró que aquel estribillo no obedecía a una toma de conciencia sobre la naturaleza del desastre económico, sino a la desesperación de haber perdido sus ahorros.

La mega devaluación implementada por el presidente provisional Eduardo Duhalde en 2002 para salir del “uno a uno”, multiplicó la pobreza y la desocupación que ya eran muy elevadas en las postrimerías de la gestión De La Rúa. Los piquetes que alumbraron con las crisis sucesivas se fueron organizando en movimientos (MTD) y otras formas de agrupamiento. Pero hubo una gran movilización en junio de 2002, con epicentro en el Puente Pueyrredón que une la ciudad de Avellaneda con la Capital Federal y que fue brutalmente reprimida por la policía bonaerense y presuntos policías de civil. En ese marco dos dirigentes sociales, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados a quemarropa por los represores en la estación ferroviaria de esa localidad. El incidente provocó un tembladeral político y obligó a Duhalde a fijar fecha para las elecciones presidenciales. Poco después el nuevo mandatario electo Néstor Kirchner se hizo cargo de un país devastado. Un dato oficial de aquellos días, sostenía que en los movimientos piqueteros participaban unas cien mil personas; apenas el cinco por ciento del total del padrón de beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar en todo el territorio nacional, con epicentro en el conurbano bonaerense, Neuquén, Salta, Jujuy y Santa Fe.

De a poco los movimientos fueron cobrando identidad y mayor volúmen. Entre los más conocidos, se encontraban la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Bloque Piquetero (BP) donde conviven también el Polo Obrero (PO) y el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y la Aníbal Verón. Con otro perfil cercano al kirchnerismo, se desarrollaron la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) vinculada a la CTA; Barrios de Pie y el Movimiento Evita, entre otros.

En varios casos éstos agrupamientos sociales están vinculados a partidos políticos.

En 2022 existe un gran número de organizaciones piqueteras, algunas con representación parlamentaria y funciones de gobierno con Alberto Fernández, como el mencionado Movimiento Evita, Libres del Sur (Barrios de Pie) y otros con menos peso político y territorial. Si bien la mayor cantidad de cortes de tránsito “piqueteros” lo llevan adelante los movimientos sociales en demanda de mayores beneficios para los desocupados o cumplimiento de promesas por parte del Estado, la modalidad incluye a vecinos que reclaman por cortes de luz, de agua u otros servicios esenciales. También a trabajadores “en blanco” y de los otros, con demandas específicas. Pero no hay que olvidar que los movimientos sociales atienden también redes de servicios como comedores, merenderos, jardines de infantes y toda una gama de instituciones que brindan servicio allí donde el Estado por distintas razones no llega, o su atención no alcanza.

También sus dirigentes saben que la movilización callejera tiene un límite, por tal motivo con frecuencia trabajan de consuno con autoridades estatales para obtener mejoras para sus representados y en otros casos, como los mencionados Movimiento Evita y Barrios de Pie – Libres del Sur, tienen construcción política.

Las masas de beneficiarios de los distintos planes asistenciales son una dura realidad que se arrastra desde hace décadas; con mayor o menor peso de acuerdo a los distintos gobiernos, cuyas políticas sociales varían desde la inclusión social paulatina hasta en algún caso, el aumento de planes para tapar el aumento de la pobreza y la desocupación, generadas por políticas de ajuste económico.

El desafío en abril de 2022, es facilitar el ingreso gradual de los beneficiarios de planes al circuito del trabajo formal, en una economía que recién comienza a reestructurarse luego de los dos años de pandemia que afectó al mundo entero. En línea con ese pensamiento, en febrero de 2022 los empresarios gastronómicos firmaron un convenio con el sindicato del sector (UTHGRA), para que más de cuatro mil beneficiarios de planes sociales, comiencen a trabajar en ese rubro. La clave reside también en el compromiso del sector privado como en éste caso, para que el pleno empleo algún día sea una realidad.