Hasta las Manos
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Mano de Obra Desocupada
Hubo atentados, amenazas a políticos, periodistas y testigos; y rumores desestabilizantes.
Mano de Obra Desocupada

La característica más notoria del accionar del terrorismo de Estado bajo la dictadura instalada en Argentina entre 1976 y 1983, fueron los secuestros perpetrados por grupos de tareas ilegales que respondían a una rigurosa planificación. A los detenidos – desaparecidos se los trasladaba a centros clandestinos de detención (CCD) donde se los sometía a interrogatorios bajo tortura y a toda clase de tormentos; siguiendo la muerte o la detención indefinida bajo condiciones infrahumanas.

A partir de la asunción del gobierno constitucional de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, los denominados “grupos de tareas” dictatoriales quedaron sin protección oficial, pero con vínculos entre sí. En algunos casos se refugiaron en empresas de seguridad y en otros, continuaron practicando delitos pero en beneficio propio. Secuestros extorsivos, cobertura logística a otros delincuentes y prácticas afines.

Una de las primeras medidas del gobierno democrático, fue anular la ley de autoamnistía promulgada por la dictadura y así los denunciados comenzaron a desfilar por los tribunales. En paralelo se desata la inquietud castrense y de las fuerzas de seguridad, ya que se desconocían los alcances de las investigaciones y sus consecuencias para los imputados. La respuesta fue una serie de atentados con explosivos, amenazas a políticos, periodistas y testigos; y fuertes rumores desestabilizantes.

El entonces ministro del Interior radical, doctor Antonio Tróccoli, calificó a ese nuevo terrorismo anónimo como “mano de obra desocupada”. Los relacionó con sectores militares y de seguridad retirados y activos, con clara intención de detener las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura.

Ante esa primera oleada de violencia, el gobierno respondió con una gran convocatoria popular en la Plaza de Mayo a fines de marzo de 1985, para conmemorar los primeros cien días de régimen democrático. Pero a medida que avanzaban los juicios también aumentó la cantidad y violencia de los atentados intimidatorios, como el que sufrieron LR3 Radio Belgrano y otros objetivos menos relevantes.

A mediados de 1985 y en medio de los juicios a los genocidas, la intimidación pública toma como blanco principal a los establecimientos educativos, los que reciben a diario amenazas de bomba generando miedo en la población y trastornos en el funcionamiento de las escuelas. El gobierno responde con la aplicación del Estado de Sitio y una serie de medidas contra quienes el presidente Raúl Alfonsin denomina “fundamentalistas”.

Aunque las primeras elecciones legislativas post dictadura en octubre de ese año otorgan un rotundo triunfo al oficialismo, meses después mientras el Doctor Alfonsín visita una guarnición militar en la provincia de Córdoba, se detecta y neutraliza en las inmediaciones una bomba armada con un proyectil de mortero de grueso calibre. Una vez más, se vincula el atentado con la “mano de obra desocupada”. La frase se convierte en algo trágicamente familiar para los argentinos. Es como si el uso cotidiano de ciertas expresiones, les quitara el carácter letal que la misma debería conservar en la memoria colectiva.

Presidente Raúl Alfonsin – Guglielminetti como «cuentapropista»

El desarrollo de las investigaciones y las detenciones que comienzan a registrarse, divulgan los nombres de algunos protagonistas de la noche del terror dictatorial; entre ellos, Aníbal Gordon.

Este personaje habría comandado grupos de tareas de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) perpetrando numerosos asesinatos, y luego también participó de la represión ilegal de la dictadura. Otro caso emblemático fue el llamado “Clan Puccio”. Arquímedes Puccio integró grupos de tareas durante la represión ilegal y desde finales de la dictadura, comenzó a “operar” por su cuenta con otros cómplices; tres secuestros extorsivos seguidos de muerte y en el último ya restaurada la democracia, la víctima fue rescatada con vida y el episodio permitió la caída de la banda. Su propia casa funcionaba como “aguantadero” y casi toda la familia fue cómplice, de acuerdo a las sentencias judiciales. Ambas bandas fueron paradigmas de la “mano de obra desocupada” que siguió en actividad después de la dictadura.

A las históricas sentencias contra las cúpulas militares responsables de los crímenes bajo el terrorismo de Estado, siguieron las llamadas “leyes de impunidad”, que como la de Obediencia Debida sancionada durante el mismo gobierno de Raúl Alfonín, amparó a muchos involucrados con el argumento de estar cumpliendo órdenes.

Los indultos aplicados posteriormente por el presidente Carlos Menem, exculparon a los últimos condenados de uniforme y a las cúpulas guerrilleras sobrevivientes. Pero en el año 2004 el flamante presidente de la Nación, Néstor Kirchner, hizo derogar esas leyes de impunidad y a todos los denunciados, militares y civiles, se les reinició juicio.

Entonces volvieron los actos de intimidación pública, como cuando en la madrugada del 17 de noviembre de 2004, personas desconocidas colocaron artefactos explosivos en los cajeros automáticos de tres sucursales bancarias porteñas. En dos de los atentados, las bombas de fabricación casera detonaron minutos después de las 9 de la mañana y en la primera explosión, registrada en las instalaciones del Citibank del barrio de Caballito, falleció un vigilador privado como consecuencia de las heridas recibidas. El segundo estallido se produjo en el banco de Galicia sucursal Palermo, sin que provocara víctimas y el tercer artefacto fue colocado en el Citibank también de Palermo y hecho estallar por la policía, recibiendo heridas un uniformado que participaba del operativo.

Las videocámaras de seguridad que filmaron el ingreso y las maniobras de los autores de las agresiones, no pudieron identificarlos debido a que cubrían sus rostros con gorras, pero se presume que se trataba de personas jóvenes, incluyendo una mujer. Los atentados habrían sido programados según los peritos, para estallar en horas en que no se registrara afluencia de público.

Por impericia de sus autores o por tratarse de artefactos rudimentarios de fabricación casera, los mismos terminaron estallando en un horario en que los cajeros son visitados asiduamente, con el trágico resultado conocido.

Los memoriosos de mayor edad sintieron un estremecimiento: el mismo que experimentaban años atrás cuando en medio de la noche la ciudad era sacudida por explosiones y sirenas ululantes.

El ministro del Interior Aníbal Fernández atribuyó los hechos a “alguna mano de obra desocupada que está tratando de sacar algún tipo de rédito” y que la intención sería crear “confusión y temor”.

De todos modos, se trató de unos pocos hechos aislados y en un contexto político en el que pese a las dificultades económicas y sociales, el fantasma de un resurgimiento militar era impensable.

Miguel Osvaldo Etchecolatz

No obstante, en el año 2006 se produjo el secuestro de un testigo clave en la causa denominada “Circuito Camps” en la provincia de Buenos Aires. El principal afectado por éste testimonio era el ex comisario Miguel Etchecolatz. El testigo: Julio López. Éste hombre fue secuestrado durante la dictadura y sobrevivió a la detención ilegal. Antes de declarar en 2006 había sido amenazado. Igual

López declaró y fue secuestrado. En el año 2021 sigue desaparecido.

En el mismo año fue secuestrado y torturado Luis Gerez, testigo de cargo contra el ex comisario e intendente del distrito bonaerense de Escobar, Luis Patti. Gerez como militante político, en 1972 había padecido secuestro y torturas a manos de Patti. Sus declaraciones fueron decisivas para que el ex policía no pudiera acceder a una banca de diputado. Gerez, igual que López, fue secuestrado por segunda vez. Gerez apareció vivo, pero López nunca fue encontrado.

Una década más tarde, otros testigos sufrieron amenazas y seguimientos intimidatorios, por declarar también en la causa “Circuito Camps”. Refiriéndose a éstos hechos inadmisibles en el año 2017, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que la llamada “mano de obra desocupada” seguía activa.

Con el transcurrir de los años, la sombra de la mano de obra desocupada se fue atenuando, pero episodios como los mencionados, demuestran que lo peor del pasado no siempre está muerto.

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