La violencia política ejecutada por el Estado argentino no es patrimonio del siglo XX. Pero las condiciones para que se convierta en algo latente y planificado, tiene que ver con los cambios de paradigmas en materia de defensa nacional después de la Segunda Guerra Mundial. Planteado como oposición comunismo – mundo libre, el concepto se traduce en los países de occidente con la transformación del enemigo externo en enemigo interno; y su instrumento es la Doctrina de la Seguridad Nacional enunciada por el general Juan C. Onganía en la Conferencia de Ejércitos Americanos en Lima en 1964, donde relativiza la democracia frente a la presunta amenaza comunista. Esa doctrina impulsada por EE.UU. sostiene que la lucha se libra a escala mundial y que cualquier compatriota puede ser un “infiltrado”, “subversivo” etc.

La Argentina pierde la estabilidad institucional en 1955 y la ausencia de libertades políticas, abona las condiciones para la violencia, en el marco de la competencia de las superpotencias por la hegemonía mundial. Junto al ascenso de las luchas populares durante la década de 1970 en nuestro país, algunas organizaciones optan por la lucha armada.

La muerte de Juan D. Perón en 1974, genera cierta vacancia de poder político que los distintos actores pretenden ocupar. Bajo el pretexto de “combatir la subversión” se produce el golpe cívico – militar de marzo de 1976 que arrasa con toda forma de oposición, no sólo la armada, que era minoritaria; sino y sobre todo, destrozando las estructuras políticas, sindicales, estudiantiles y de masas.

Desde el más alto nivel gubernamental, se implementa una atroz represión sistemática. Un permanente mensaje emitido a través de los medios de comunicación, advierte que la prioridad es el orden. Se estimula la delación y la sospecha. Los miles de ‘Habeas Corpus’ no encuentran respuestas y el presidente norteamericano James Carter aplica sanciones a la dictadura que preside Jorge Videla. El mundo toma conocimiento del genocidio que se perpetra en nuestro país, en paralelo con el desgaste dictatorial, acelerado por la derrota en la guerra de Malvinas en 1982.

El presidente electo – UCR – Raúl Alfonsín asume su cargo el 10 de diciembre de 1983 e impulsa la derogación de la autoamnistía sancionada por el último mandatario dela dictadura, Reinaldo B. Bignone. A su vez, envía al Congreso Nacional el proyecto de ley para el juzgamiento de  los implicados en  crímenes dictatoriales y también de las cúpulas guerrilleras.

Así quedan equiparados el accionar represivo del Estado con la violencia de las organizaciones armadas; toma cuerpo la denominada “teoría de los dos demonios.” El sustento de ésta teoría es que hubo dos extremos opuestos enfrentados violentamente y en el medio, una población inerme.

De allí la decisión alfonsinista de avanzar por igual sobre quienes “terminaron convirtiendo a la Argentina en un infierno.” Se creó la CoNaDep – comisión encargada de acumular pruebas – y en base a ese material, ordenar los juzgamientos. Unos pocos jerarcas sobrevivientes de la organización Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fueron detenidos o se ordenó su apresamiento; paralelamente, decenas de militares fueron imputados. La CoNaDep presentó cerca de nueve mil casos, pero los organismos de DD.HH. estiman en unas treinta mil las desapariciones.

Así en jornadas históricas – 1985 – son juzgados los principales responsables de lo que empieza a denominarse terrorismo de estado. Son condenados los jefes de las primeras juntas militares y prosigue la convocatoria a otros responsables. Así en 1987 y ante un creciente malestar militar, aparece la ley de “Punto Final.” Ésta fija una fecha tope para denunciar represores, entonces se produce la rebelión militar conocida como de los “carapintadas” que exige una amnistía general. Así aparece la ley de “Obediencia Debida” que deja en libertad a todos aquellos que cumplieron órdenes, aunque fueran aberrantes. Sólo quedan detenidos los jefes de las primeras juntas y unos pocos ex guerrilleros. Por su parte, los genocidas sólo reconocen que hubo algunos “excesos” por parte de sus subordinados; de ninguna manera aceptan que los secuestros, torturas, saqueos, violaciones y robos de bebés,  se trataron de prácticas generalizadas como lo confirman miles de testimonios.

Quienes critican ese argumento de “los dos demonios”, sostienen que los guerrilleros debían ser juzgados por la comisión de delitos comunes existentes en el Código Penal; con pruebas y derecho a defensa. Ninguno de esos derechos existió entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. La mayor parte de los desaparecidos ni siquiera tenían vínculos con organizaciones armadas. Por otra parte, sostienen que el Estado al ser el único garante de la vigencia de los derechos humanos es también quien debe responder por sus violaciones; con mucha más razón cuando ejerce la suma del poder como ocurrió en esa época; y los ejecutores de las desapariciones forzadas, acataban esa cadena de mandos. Eran funcionarios del Estado. Por lo tanto, les cabe plenamente la acusación de cometer delitos de lesa humanidad. Delitos que no prescriben. En 1989 los genocidas detenidos y algunos guerrilleros, fueron indultados por el presidente Carlos Menem. En 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner impulsó la derogación de las llamadas leyes de impunidad y comenzó el procesamiento de los acusados que todavía estaban vivos.

Testimonios

Hay Muchos Desaparecidos que no Figuran en la Conadep
Ocurrió algo extraño: apareció como gobierno un dictador, primero fue Leonardi y luego Aramburu. De manera que aquello tenía aspecto totalitario. Lo que les llamo la atención a muchos es como se podía decir que el movimiento de la Revolución Libertadora fue democrático. Yo conocía bastante como trabajaba el peronismo en aquel entonces y sin dejar de reconocer que tuvo aspectos muy positivos, en general yo estuve en contra, porque era un gobierno apresurado, un tanto loco, como ocurrió, por ejemplo, cuando Richter anuncio que el país había fabricado la bomba atómica. Lo que no me gustaba del peronismo es que no había libertad de expresión. Cuento en el libro la anécdota en la que un periodista francés le preguntó a Perón por la libertad de expresión y éste le mostró un ejemplar de La Vanguardia en el que lo criticaba mucho. Y sin embargo, le explicó, no l había prohibido. Dos días después, Perón ordeno la clausura del periódico. Por eso, el peronismo no gozaba ni goza de mi simpatía. Aunque reconozco que Kirchner y Cristina son un problema por su carácter, considero, y se podría discutir, que es lo mejor que hay en este momento. Tengo la impresión de que aunque son del partido peronista, no son peronistas de verdad. Son ellos. Y tienen sus méritos y sus defectos.

-Durante la dictadura, se prohibió la matemática moderna. ¿Cuánto puede pesar políticamente una materia abstracta?
-Le puedo responder esa pregunta con respeto a las ciencias en general. El estudio científico, sin dudas, permite hacer descubrimientos. Y estos a su vez permiten el progreso de la técnica. Eso, en una época competitiva, significa ventajas económicas. Y estas tienen que ver con el bienestar social y el progreso de la sociedad. De manera que especializarse en ciencia era importante para el porvenir del país. Y la matemática tiene, entre otras características, el hecho de ser indispensable para otras ciencias. No se puede hacer física moderna sin matemática. Y sin física moderna, es difícil pensar en el progreso tecnológico.

-Dijo que al aceptar forma parte de la Conadep no imaginó lo que se le “venía encima”. ¿Qué esperaba y que lo sorprendió?
-Me dijeron que iba a hacer averiguaciones sobre desaparecidos y eso me pareció, todavía retrospectivamente pensado, muy bien; pero después me di cuenta de que iba a llevar mucho tiempo y yo era decano en ese momento. La combinación de decanato con miembros de la Conadep era para volverse loco. Y a lo mejor asi fue: vaya a saber cómo quedé (risas).

Cuando me ofrecieron lo de la Conadep, se sabía bastante sobre la violación de los derechos humanos pero en detalle: se desconocía como había desaparecido alguna gente y que en muchos allanamientos los autores robaban en los sitios allanados. Y ese fue un asunto que todavía ahora se está peleando en la Justicia Iban los policías a hacer una detención en una casa y además de matar al que buscaban en algunas ocasiones, se apropiaban de algún objeto.

Como decía Massera, “se llevaron el botín”, como si se tratara de una guerra. No sabíamos tampoco cuantos lugares de detención hubo ni hasta donde se había llegado con la tortura simplemente con la desaparición de la gente. De manera que en realidad tuvimos muchos asuntos que investigar. Por otra parte, sabíamos que había pasado pero no a quien ni cuándo.

Hicimos un inventario: 9.500 denuncias. Esa proporción no la esperábamos. Y después nos enteramos de que las investigaciones tipo Conadep, que incluían a las filiales de todo el país, no habían contabilizado todos los casos. En el libro cuento la anécdota de la delegación que recibió un grupo de 500 hacheros de un pueblo de Tucumán que manifestaron un anhelo de “reencontrarse con sus desaparecidos”; sin embargo no aparecen en el informe de la Conadep.

De manera que efectivamente eran mucho más de los que nosotros pensábamos. (Eduardo) Rabossi, que era subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Alfonsín, se enojaba con mucha gente, entre ellos Hebe de Bonafini y yo, porque decían que había 30 mil desaparecidos, cifra que siendo aún hoy la mencionada.

Haciendo un ligero cálculo de lugares que no se habían investigado, de lo que se empezó a saber luego sobre aquellos sitios, 30 mil desaparecidos no es un número exagerado y bastante probable.
Veintitrés – 23-04-09 Reportaje de Jonathan Rippel a Gregorio Klimovsky