Hasta llegar al Estado de Bienestar integral planificado que contará con recursos y decisión política, transcurrieron años de luchas populares y aplicaciones dispersas de leyes de cumplimiento dudoso por parte de los empleadores.

El Estado de Bienestar (1946 – 1955) – 1 de 2
 “El Estado no puede ser testigo silencioso e inoperante en la angustia que conmueve  primero al hombre, luego a su hogar y finalmente, destruye la comunidad.

Debe intervenir rápida, eficaz y enérgicamente, si quiere ser decisivo. Debe compenetrarse del dolor humano y buscar remedios apropiados para los males de la sociedad, cuyo destino rige. Ha de realizar una política de seguridad social y encauzar por vías que vayan directamente a las necesidades propias de la actividad que la actividad ampara” (1).

La reflexión que antecede la pronunció el entonces coronel Juan D. Perón el 4 de diciembre de 1944, en su carácter de Secretario de Trabajo y Previsión. Al acceder a la primera magistratura obtenida en las elecciones del 24 de febrero de 1946, ya había generado desde su cargo de funcionario, una serie de medidas que incluyeron desde aumentos de salarios hasta estatutos para decenas de gremios, ordenando el mundo del trabajo.

Es importante destacar que al momento de aquella alocución, la Segunda Guerra Mundial se encontraba cerca de su final en Europa y meses más tarde a la sombra del hongo atómico, en Japón bajaría el telón definitivo sobre la mayor tragedia del siglo XX.

Pero los vencedores del conflicto ya estaban perfilando el mundo de posguerra y en Occidente, el temor al comunismo representado por el poderío soviético y el nuevo orden emergente, les obligaba a replantear el crónico problema social y el rol del Estado en la nueva etapa.

A su vez, el derrumbe de los imperios coloniales en África, Asia y América Latina trazaba otro mapa geopolítico del planeta. Frente a esa realidad, la cuestión social de acuerdo a la filosofía política dominante en cada bloque, fue de gran importancia.

En nuestro país el gobierno militar que derrocó en 1943 a Ramón Castillo además de decisiones autoritarias en lo político y cultural, implementó rebajas a los arrendamientos rurales, congelamiento de alquileres urbanos y otras medidas que beneficiaron a los sectores populares; junto a la intervención a empresas de servicios públicos privadas reconocidas por su larga historia de abusos a usuarios y al Estado Nacional.

Yendo un poco más atrás, los gobiernos de Hipólito Yrigoyen (1916 – 1922 y 1928 – 1930) protagonizaron una aproximación al concepto de un Estado al servicio de la Comunidad: creación del Patronato de la Infancia, apoyo a la Reforma Universitaria de 1918, reconocimiento de los sindicatos como interlocutores válidos, legalización de la jornada de 8 horas de trabajo y otras medidas, empañadas por las masacres de obreros registradas en 1918 (semana trágica) y la Patagonia (1921).

También el anarquismo y el socialismo pujaban desde muchos años atrás, por una serie de mejoras en el mundo laboral y social. Varias de esas normas que “durmieron” en el Congreso de la Nación durante los gobiernos conservadores, fueron convertidas en realidad durante los dos primeros gobiernos peronistas.

Resumiendo, hasta llegar al Estado de Bienestar integral planificado que contará con recursos y decisión política, transcurrieron años de luchas populares y aplicaciones dispersas de esas leyes de cumplimiento dudoso por parte de los empleadores, ante un Estado débil o ausente.

Aspectos de la Constitución de 1949

A partir de la asunción de su cargo, Perón impulsa un vasto Programa de Gobierno que abarca prácticamente todos los aspectos de la vida económica y social. Las herramientas básicas son el Primer Plan Quinquenal (1947 – 1951) y el Segundo (1953 – 1957); abortado en 1955 por el golpe cívico – militar que derrocó su gobierno.

Es necesario recordar que el protagonismo del Estado Nacional en el cambio de la calidad de vida de la sociedad con carácter progresivo, se debió a la ausencia de grandes capitales argentinos que generaran empleo con valor agregado, ya que históricamente nuestro país había sido hasta la Segunda Guerra Mundial, una suerte de granja del Imperio Británico; tributaria de materia prima y ganancias obtenidas por servicios (bancos, transportes, comercio, energía, etc.). El conflicto mundial desnudó nuestra debilidad manufacturera, pero debido a la sustitución de importaciones se desarrolló una industria mayormente liviana, tecnológicamente atrasada pero que cubría gran parte del mercado interno.

Faltaba ordenar esa coyuntura y sobre todo, racionalizar su funcionamiento con financiamiento genuino. El Estado Nacional cumplió el llamado (a veces despectivamente) papel de “Estado Empresario”, adquiriendo servicios públicos, fuentes de energía, flota de mar, transportes y servicios bancarios; contando con una herramienta clave como fue el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio (IAPI), que se ocupaba del comercio exterior, obteniendo una renta que antes quedaba en manos de capitales extranjeros. No hubiera sido posible la distribución del ingreso y el acceso de la población al nivel de vida de una nación moderna, sin contar con recursos propios. 1) Juan D. Perón – Doctrina Peronista – Buenos Aires – 1948.-