No había transcurrido un año desde el fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón. Comenzaba junio de 1975 y bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que lo había sucedido en el gobierno en su carácter de vicepresidente, el país se debatía en medio de graves tensiones políticas y sociales.

La creciente inflación, alimentada por una feroz puja distributiva por el ingreso y a su vez un creciente mercado negro, generaban mucha inquietud. Por otra parte, la violencia política signada por la actividad incesante de grupos armados de distintos signos con su secuela de atentados, secuestros y muerte, agregaban su cuota de dramatismo.

Si bien el pacto social acordado en 1973 entre la Confederación General del Trabajo (CGT) entonces la única central obrera y la Confederación General Empresaria (CGE), se había sellado en un marco de consenso y autoridad política, en 1975 el acuerdo estaba herido de muerte. Los precios relativos se habían disparado en el primer semestre de ese año, y la situación económica general amenazaba con desbordarse.

El entonces ministro de economía, Alfredo Gómez Morales, era un funcionario experimentado y con prestigio dentro de su especialidad. Había cumplido las mismas funciones integrando el gobierno de Perón en los años Cincuenta, lo que le otorgaba mayor credibilidad. Pero la crisis lo devoró en poco tiempo. El 2 de junio de 1975 Celestino Rodrigo asume la conducción económica. Era un hombre muy cercano a José López Rega, el ya entonces cuestionado ministro de Bienestar Social y secretario privado de Isabel Perón, como le llamaban a la presidenta. Dos días después anuncia un plan de profunda raíz liberal, cuyos lineamientos estaban en las antípodas del pensamiento peronista.

El mismo consistía en sus aspectos más destacados, en los siguientes puntos:

Devaluación, 100% dólar financiero y 160% para el dólar comercial. Liberación de las tasas de interés. Supresión de las paritarias para negociar aumentos de salarios. Sólo se autorizarían por decreto. Aumento de tarifas de servicios públicos y combustibles: Nafta común: 181%; especial. 172%; gas: 40-60%; electricidad: 40-75%; transporte: 75%.

El propio ministro aseguró al anunciar las medidas, que las mismas provocarían “desconcierto en unos y reacciones en otros”. Las reacciones no se hicieron esperar.

Se incrementaron las luchas sindicales y la remarcación de precios, en particular de los artículos de primera necesidad, se convirtió en una loca carrera a expensas de los incrementos salariales, que en pocos días estaban diluidos por la voracidad de los precios. En pocas semanas algunos productos básicos, registraron los siguientes aumentos: café: 200%; queso fresco: 253%; aceite: 200%; jabón de tocador: 165%; fósforos: 250% y así sucesivamente.

En los últimos días de junio, la situación se va caldeando. Distintos gremios van al paro, entre ellos choferes de colectivos y subterráneos. El poderoso gremio mecánico (SMATA) lanza un plan de lucha nacional que alcanza especial repercusión en Córdoba, donde este sindicato era controlado por agrupaciones clasistas de izquierda.

El detonante es la anulación de los aumentos salariales logrados por los gremios en paritarias. El gobierno de Isabel pretende reemplazarlos por incrementos mucho menores fijados por decreto.

Los gremios se movilizan y por primera vez en la historia, la central obrera convocó a un paro contra un gobierno de origen peronista. Renuncia el ministro de trabajo Ricardo Otero, hombre de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y se proclama la huelga general para los días 7 y 8 de julio, que al empalmar con el feriado nacional del 9 de julio, debía paralizar al país por 72 horas.

Finalmente, la presidenta accede a respetar lo pactado en negociaciones paritarias.

El saldo es un fortalecimiento circunstancial de los gremialistas y una muestra más de la debilidad del gobierno. Días después, una gigantesca movilización sindical defenestra al ministro Rodrigo y a su protector López Rega, que renuncia a sus cargos y se aleja del país. El cataclismo económico y sus réplicas políticas desencadenadas por el hombre de López Rega, pasó a la historia como el Rodrigazo.

A partir de ese hecho el lopezrreguismo pierde poder, ya que en la línea sucesoria presidencial es designado el senador Ítalo Argentino Luder, desplazándose al diputado Raúl Lastiri, yerno del ex hombre fuerte del entorno isabelino. Las acusaciones contra “El Brujo” acerca de su responsabilidad en la conducción del grupo terrorista de derecha Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), suman presión para ponerlo en fuga.

En el Ministerio de Economía asume Antonio Cafiero y en Trabajo, Carlos Ruckauf; ambos cercanos al sindicalismo. Se intenta volver a “peronizar” el gobierno recuperando las políticas y las banderas históricas del justicialismo, alejándose del ensayo liberal de Rodrigo.

Antonio Cafiero intentó poco después reeditar el Pacto Social que en 1973 había estabilizado las variables económicas durante un tiempo razonable. Pero en 1975 la situación era otra. Al margen de la caldeada atmósfera política, un nucleamiento empresarial de claro tinte opositor al gobierno, se constituyó como Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). Lo integraron la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Cámara Argentina de Comercio y Cámara de la Construcción, entre otras asociaciones, aplicando medidas de fuerza. Tampoco Cafiero pudo dominar la situación y el 1 de febrero de

1976 Isabel Martínez lo reemplaza por Emilio Mondelli, un hombre cercano al renunciado Celestino Rodrigo.

Su programa fue un “mini rodrigazo” con las viejas recetas liberales de siempre, incluyendo un pedido de préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI). El camino al golpe cívico – militar del 24 de marzo de 1976 estaba abierto