A comienzos de la década de 1960 proliferaban en la Argentina grupos juveniles declaradamente neofascistas y pronazis. Su virulento discurso tenía como objetivo central a judíos y comunistas y en menor medida, a las instituciones de la democracia liberal. Su accionar se manifestaba mediante pintadas, ataques a sinagogas y locales políticos, profanación de tumbas judías y agresiones a personas.

La característica de esa violencia era que por lo general tenía firma; sus autores se identificaban como pertenecientes a alguna agrupación. Con el paso del tiempo esas organizaciones desaparecieron, pero periódicamente en las paredes de distintas ciudades siguieron apareciendo pintadas agraviantes para la comunidad judía argentina. Con frecuencia al lado de las inscripciones se estampaban cruces svásticas –símbolo nazi- a modo de firma. Por lo general, sus autores se escudaban en el anonimato escapando a la sanción judicial.

En febrero de 2005 en coincidencia con el 60° aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, se registraron una serie de pintadas ofensivas en distintos puntos del país. El más difundido fue el que sufrió la artista plástica Mariana Schapiro en el porteño barrio de Villa Urquiza. El frente de su casa amaneció con la leyenda “Aquí vive una judía, no la queremos en el barrio.” Intervino la justicia y Schapiro recibió la solidaridad de vecinos e instituciones.

Días antes, la víctima del vandalismo fue una sinagoga de la localidad bonaerense de Ramos Mejía: “A 60 años del holocuento…60 años que encierran mentiras.” La pintada alude al holocausto perpetrado por el régimen nazi contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, la delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina (DAIA) denunciaba que el año anterior las manifestaciones antijudías en la Argentina, llegaron a 174 hechos. Las acciones fueron desde la exhibición de una bandera con la cruz gamada en un partido de fútbol en Córdoba, hasta las consabidas pintadas agraviantes, pasando por mensajes electrónicos y ataques verbales. Cabe destacar que después de la voladura de la embajada del Estado de Israel en 1992 que dejó una treintena de víctimas fatales y el atentado a la AMIA en 1994 con un saldo de 84 muertos, se reforzaron las medidas de protección a las instituciones judías. Por otra parte, está vigente la ley 23.592 que condena las manifestaciones discriminatorias y racistas.