“En muchos países los divorcios se han convertido en una verdadera plaga social”. El asombroso diagnostico lo expuso el Consejo Pontificio para La Familia (máximo organismo del Vaticano para el tema) en un documento dado a conocer en febrero de 1997.

La expresión no es novedosa. La Iglesia Católica se opone al divorcio por principio y así lo viene reafirmando desde tiempos inmemoriales. Lo llamativo en esa oportunidad fue la dureza del mensaje, teniendo en cuenta que los países que aun mantenían legalmente la indisolubilidad del vínculo, eran apenas siete en todo el mundo: Argentina, Paraguay, Irlanda del Norte y los minúsculos estados de Andorra, San Marino, Mónaco y la Isla de Malta.

Nuestro país accedió al divorcio vincular en 1954 mediante la sanción de la ley 14.394. Esta norma legal fue derogada por un decreto del gobierno militar en 1956, restaurándose la imposibilidad de disolver el vínculo.

Así llegamos a la vuelta de la democracia en 1983 y el tema vuelve a ser materia de discusión. Divorcistas y antidivorcistas inician sus respectivas campañas. A principios de 1986 ingresan al Congreso Nacional una docena de proyectos, la mayoría a favor del divorcio.

En apoyo de la medida se argumenta el derecho de las personas a decidir libremente acerca del estado civil que le dan a sus sentimientos y también por la necesidad de regularizar las numerosas uniones extramatrimoniales existentes.

En contra se argumenta la posición que sostiene que la legalización del divorcio vincular aumentaría el número de separaciones atentando contra la unidad de la familia. A los partidarios de éste último argumento, se les escapaba que países profundamente católicos como España, Italia, Brasil, México y Uruguay tenían vigente el divorcio.

Éste último país legalizo el divorcio en 1907 y desde entonces mantiene un promedio constante del 10 al 15% de separaciones con respecto a los casamientos que se consuman.

En EE.UU. por ejemplo, su porcentaje es de un divorcio por cada dos casamiento. Evidentemente las razones de la desunión matrimonial no tiene nada que ver con la existencia de la norma legal.

Finalmente en 1987 se sanciona la ley 23.315 aprobando el divorcio vincular. En 1988 los pedidos de divorcio llegan a 18.000 contra 27.000 nuevos matrimonios. El alto número de separaciones tiene que ver con un blanqueo de situaciones de hecho que con el paso del tiempo se redujo significativamente, hasta estabilizarse en la actualidad en alrededor del 30% con relación a los nuevos enlaces.

Libro Pintadas Puntuales – Roberto Bongiorno – Ángel Pizzorno