El problema no es solo administrativo. Se trata de un delito institucionalizado: desviar fondos destinados a prestaciones de salud y discapacidad es, en términos concretos, una forma de violencia estructural contra los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

¿Qué Hacemos con los Derechos que se Roban?
En Argentina, los derechos humanos vinculados a la salud y la discapacidad no se discuten: se garantizan. Así lo establece la Constitución Nacional en su art. 75 inc. 22, al otorgar jerarquía constitucional a los tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). Sin embargo, la realidad nos enfrenta con una contradicción insoportable: derechos conquistados a fuerza de lucha se ven amenazados por hechos de corrupción, ineficiencia y decisiones políticas regresivas.

El Escándalo de las Coimas y la Agencia Nacional de Discapacidad
En los últimos días, distintos medios periodísticos revelaron el alcance de una trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Página/12 (2025a) expuso que la Justicia ordenó 14 allanamientos en el marco de la investigación conocida como escándalo Spagnuolo, que acorrala al Gobierno por presuntas maniobras de recaudación ilegal y direccionamiento de fondos destinados a prestaciones médicas. Otros informes periodísticos (Pagina/12, 2025b) mostraron audios y pruebas de coimas, filtraciones y acuerdos espurios en torno a la compra de insumos y medicamentos esenciales.

Como si fuera poco, se supo que uno de los dueños de una droguería intentó escapar con 200 mil dólares en efectivo durante el mega operativo (La Política Online, 2025). El dato es tan brutal como ilustrativo: mientras miles de personas con discapacidad esperan medicamentos, traslados o acompañantes terapéuticos, algunos actores lucran con fondos públicos destinados a cubrir esas necesidades vitales.

El Impacto Sobre los Más Vulnerables
El documento de la Defensoría del Pueblo al que accedimos es claro: el Programa Incluir Salud, del cual dependen personas con pensiones no contributivas, registra múltiples incumplimientos en la entrega de medicamentos, transporte y otras prestaciones esenciales

Estos incumplimientos se agravaron tras la asunción del actual gobierno, cuando se interrumpieron pagos regulares a prestadores, paralizando servicios básicos.

Esto significa que hoy hay personas con discapacidad que no reciben medicación oncológica, niños que no tienen acompañantes terapéuticos en la escuela, adultos mayores que no acceden al transporte adaptado para sus tratamientos. En palabras de Ferrajoli (2001), los derechos “dejan de ser tales cuando su efectividad depende de la discrecionalidad del poder político”.

¿Quién Responde por los Derechos Robados?
El problema no es solo administrativo. Se trata de un delito institucionalizado: desviar fondos destinados a prestaciones de salud y discapacidad es, en términos concretos, una forma de violencia estructural contra los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Viola el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales (Comité DESC, 1990), y contradice la obligación internacional del Estado argentino de garantizar el “máximo nivel posible de salud” (art. 25, Convención sobre Discapacidad).

La pregunta entonces es: ¿qué hacemos con los derechos que se roban? ¿Qué hacemos cuando las prestaciones médicas se transforman en moneda de cambio político, cuando la corrupción se instala en el corazón de un organismo creado para proteger a las personas con discapacidad?

La Urgencia de una Respuesta
La primera respuesta es judicial: se debe investigar, sancionar y reparar. No basta con desplazar funcionarios: es imprescindible desarticular las redes de corrupción que desvían recursos destinados a derechos fundamentales. La segunda es política: el Congreso y los organismos de control deben garantizar la transparencia y participación ciudadana en la gestión de programas como Incluir Salud. Y la tercera es ética: la sociedad no puede naturalizar que se comercie con los derechos de quienes menos tienen.

Los derechos robados no se reclaman en abstracto. Se reclaman en nombre de cada niño que espera una medicación, de cada adulto que no puede trasladarse a su rehabilitación, de cada familia que ve vulnerada su dignidad. La corrupción no solo roba dinero: roba tiempo de vida, esperanza y salud. Y con eso, roba humanidad.

Por Marcela N. Augier
Doctoranda en Discapacidad – Diplomada en Derechos Humanos (OEA)