Algunos pudieron cruzar a la otra orilla y otros se refugiaron en un monte cercano. Afirman testigos que entre ellos se encontraba Santiago Maldonado, quien se habría escondido en la espesura debido a que no sabía nadar.

III – Aumentan las Tensiones
En 2015 una comunidad aborígen que integraba el Movimiento Mapuche Autónomo de Puel MAP (MAP) se instaló en tierras de la estancia Leleque, propiedad del grupo Benetton. El solar está en un paraje conocido como Vuelta del Río, cerca de la Ruta Nacional 40 y en inmediaciones del río Chubut, en la provincia de Chubut. El grupo que ocupó una parte de ese predio, se hizo conocer como Pu Lof en Resistencia; alegando la propiedad ancestral de esos terrenos.

El Grupo Benetton posee más de 900.000 hectáreas, el grueso en esa provincia donde operaría bajo el nombre “Compañía de Tierras Sud Argentino S. A.” cuyo núcleo es la estancia Leleque (180.000 hectáreas) en el Departamento Cushamen.

Un año más tarde se instaló en ese departamento el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, quien tendría relación con la comunidad aborigen local. Poco después fue detenido y liberado por orden judicial, por una causa en Argentina y otra pendiente en Chile. En junio de ese año, policías provinciales irrumpieron en el Pu Lof en Resistencia buscando ganado presuntamente perteneciente a Benetton. El operativo se produjo con violencia, registrándose heridos y detenidos. Tres meses más tarde miembros de esa Comunidad cortaron la traza del tren turístico conocido como “La Trochita”. También aumentaron los cortes de ruta y en ese marco, la Gendarmería Nacional se apostó en inmediaciones del Pu Lof mapuche.

La Ley Nacional 26.160 que había suspendido los desalojos hasta que se completara el relevamiento catastral, sufrió sucesivas prórrogas hasta que fue derogada por el presidente Javier Milei en 2024. Pero en 2017 y ante el aumento de las tensiones por éste problema en las provincias de Neuquén, Santa Cruz y Río Negro, el Congreso Nacional prorrogó hasta el 23 de noviembre de 2017 la suspensión de desalojos, sin que se hubiera completado el censo que hubiera permitido regularizar la propiedad comunitaria de los pueblos aborígenes.

En junio de 2017 el dirigente Jones Huala volvió a ser detenido generando movilizaciones que pedían su libertad, en las que participaron organizaciones de Derechos Humanos, pobladores y militantes de diversos movimientos, frente al Juzgado Federal de Bariloche.

IV – Los Hechos
El 1 de agosto de ese año, la Gendarmería reprimió un corte de ruta a la altura del Pu Lof en Resistencia, en Cushamen, del cual habrían participado miembros de esa Comunidad aborigen.

Poco después, los gendarmes ingresaron al predio (como se denunció) sin orden judicial y ejerciendo una fuerte represión. Varios integrantes de la Comunidad huyeron hacia el río Chubut (distante unos 350 metros), algunos pudieron cruzar a la otra orilla y otros se refugiaron en un monte cercano. Afirman testigos que entre ellos se encontraba Santiago Maldonado, quien se habría escondido en la espesura debido a que no sabía nadar.

Allí desaparece el joven y comienza una danza de informaciones contradictorias, denuncias de familiares de la víctima, de organismos de Derechos Humanos y justificaciones oficiales; la batalla mediática se extiende durante 78 días, hasta que el cuerpo es hallado en el río Chubut.

V – El Hombre
Santiago Andrés Maldonado de 28 años era artesano y tatuador, originario de la ciudad bonaerense de Veinticinco de Mayo. Meses antes de los incidentes en que se produjo su desaparición, se había radicado en la localidad rionegrina de El Bolsón, a 70 kilómetros del Pu Lof en Resistencia. Según familiares, Santiago apoyaba las luchas de los pueblos originarios por la recuperación de sus tierras, pero no tenía vínculos con el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Desaparición y Búsqueda
Después de la irrupción de Gendarmería en el asentamiento mapuche y denunciada la desaparición de Maldonado durante los hechos, el defensor oficial de Esquel, Jorge Quintana, se apersonó en el Lof de Cushamen, recogiendo testimonios y tomando fotos de distintos lugares. Al día siguiente el letrado presentó un habeas corpus ante la justicia y pedido de paradero a la policía provincial.

Ante la intimación del juez, la Gendarmería Nacional informó que no había detenido a Maldonado.

La desaparición del joven tomó dimensión nacional e internacional ante la presunción de que fue víctima de desaparición forzada, mientras el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acudió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al área que se ocupa de desapariciones forzadas de personas, para que exija al gobierno argentino que active las investigaciones para que aparezca Maldonado.

Paralelamente, el juzgado federal de Esquel a cargo del Dr. Guido Otranto, informó que “No se ha corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería Nacional Argentina en el procedimiento del 1 de agosto” (1).

Le salió al cruce el defensor oficial del fuero federal Jorge Fernando Machado, quien sostuvo que “Hay huellas de vehículos” que serían de Gendarmería y agregó que “El recorrido del perro (con el que policías federales siguieron su rastro) es muy claro y contundente, no titubeó” (2). El perro rastreador había olfateado una prenda de Santiago y “no titubeó” como dijo Machado, para dirigirse al sitio en el que según testigos, habría sido detenido por gendarmes; en cercanías del río Chubut.

También se ordenó el peritaje de los móviles de Gendarmería utilizados el 1 de agosto, pero ya habían sido lavados; procedimiento habitual después de operativos de rutina, aunque éste había tomado otra dimensión.

Días después se realiza el tercer rastrillaje que incluye buzos tácticos en el río Chubut, en la zona aledaña al Lof mapuche, con resultado negativo. A su vez, el juez Otranto a cargo del caso, fue apartado del mismo.

En el Congreso Nacional distintos bloques opositores al gobierno de Mauricio Macri, quisieron interpelar a su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sobre la desaparición de Maldonado y la actuación de Gendarmería en los hechos del 1 de agosto, pero ésta no se presentó. También se le pedía la renuncia al Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, a quien se responsabilizó por la represión en el Pu Lof en La Resistencia.

A su vez, el juzgado federal de Esquel entendía en dos causas penales: desaparición de Santiago Maldonado y legalidad o no, del allanamiento hecho en el Pu Lof el 1 de agosto.

La enorme difusión que tomó el caso movilizó a organismos de Derechos Humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional, partidos políticos y movimientos sociales; en el marco de manifestaciones exigiendo la aparición con vida de Maldonado.

Por otra parte, la letrada Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago expresó que tras doce días de la desaparición del joven“ todavía no se secuestraron las computadoras, ni la documentación, ni hay un listado de las personas que intervinieron y los móviles” (3).

Acerca del conflicto de fondo que es la posesión de la tierra y poniendo en foco al grupo Resistencia Ancestral Indígena (RAM), al que se le atribuyen acciones violentas, la jerarquía católica se expresó por boca del entonces obispo auxiliar de la diócesis de Comodoro Rivadavia quien sería más adelante obispo de Neuquén, Fernando Croxatto: “Ustedes saben que por un lado nosotros como Iglesia tenemos una pastoral aborigen, más conocida como Endepa, que son equipos de pastoral aborigen diocesana y es un tema que venimos trabajándolo” y agrega: “en ésto siempre hay que distinguir qué está detrás. A veces hay grupos particulares que no son aceptados por la mayoría de los mapuches, que no se identifican con el grupo RAM y que siguen luchando por la defensa de la tierra, por la defensa de sus bienes y de sacar adelante la meseta.

Ésto me parece que no ayuda” (4).

El 16 de agosto la justicia ordena un nuevo rastrillaje con la intervención de 150 hombres de

Prefectura Nacional Marítima y Policía Federal, con apoyo aéreo y perros de rastreo.

Un mes más tarde, se ordenó otro rastrillaje con 370 efectivos que incluyó allanamientos a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, secuestro de celulares de sus habitantes y repaso del sitio donde en octubre sería hallado el cuerpo. El resultado del despliegue fue nuevamente negativo.

El 17 de octubre el nuevo juez federal a cargo de la causa, Gustavo Lleral, ordenó otro rastrillaje que ésta vez, incluyó perros de Bomberos Voluntarios, fuerzas de Prefectura Naval y permitió la presencia de abogados y representantes de Derechos Humanos. Ese día fue hallado el cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, a 300 metros del lugar donde – según testigos – había desaparecido durante la represión del 1 de agosto.

El cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial de Buenos Aires para su debida identificación, de la cual participó el Equipo de Antropología Forense y el Cuerpo Médico Forense, con presencia de peritos de parte, los que confirmaron la identidad del occiso. Días después la autopsia reveló que Santiago murió por inmersión en el río Chubut; informe cuestionado por la querella, ya que se afirmó que el cuerpo por cuestiones naturales, no pudo estar todo el tiempo sumergido en el sitio donde fue hallado 77 días después. También se denunció el hallazgo de rastros de flora en sus ropas que según los denunciantes, no pudo mantenerse 78 días en el agua.

Por primera vez, efectivos de Gendarmería Nacional fueron imputados en la causa por su participación en la represión del 1 de agosto, pero en noviembre de 2018, el juez cerró la causa; decisión que fue apelada por la familia de Maldonado y organismos de Derechos Humanos. Casi un año más tarde, la Cámara Federal anuló el fallo de primera instancia y ordenó retomar las investigaciones orientadas a probable abandono de persona, en el contexto de las acciones del 1 de agosto en el asentamiento mapuche.

No hubo avances hasta que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia en mayo de 2024, separó de la causa al juez Gustavo Lleral de Esquel y ordenó nuevas investigaciones, sobreseyó a los gendarmes imputados y tomó declaraciones a testigos. Por pedido de la familia y abogados, el expediente fue derivado al Juzgado Federal de Ushuaia, donde continúa el trámite.

Santiago Maldonado fue víctima de un drama secular, que es la tensión entre los pueblos aborígenes que reclaman la propiedad de la tierra que habitaban sus mayores antes de la llegada de los huincas y los propietarios con “papeles” que arribaron después.

Vale recordar que la ley 26.160 que suspendía los desalojos de las tierras ocupadas por poblaciones aborígenes, hasta que se cumpliera el censo catastral que ordenaría la cuestión de la propiedad, fue derogada por decreto en 2024.

1) Página 12 – Buenos Aires – 08-08-2017.-
2) Ibídem.-
3) Ibidem.-
4) Clarín – Buenos Aires – 10-08-2017.-