Cuando el 10 de diciembre de 1983 el presidente Raúl Alfonsín se hizo cargo del gobierno nacional, se suponía que después de siete años de dictadura militar, una de las primeras medidas reparadoras de la democracia sería garantizar la libertad de todos aquellos que – siendo un capítulo aparte por su complejidad, el tema de los detenidos desaparecidos- hubieran sido privados de la libertad durante los años en que los derechos constitucionales fueron reemplazados por medidas de excepción y decretos-leyes.

Tales detenciones, severamente cuestionadas por su procedimiento y visibles vicios en los casos en que se llegó a proceso, requerían como mínimo, que las sentencias fueran revisadas.

Pero esto no fue así de inmediato. Mientras el flamante gobierno constitucional procuraba que el Consejo de las Fuerzas Armadas juzgara a los uniformados acusados de graves violaciones a los derechos humanos, muchas personas permanecían en las cárceles argentinas,  apresadas durante el gobierno militar de 1976-1983.

En los primeros meses de 1984, según organismos de defensa de derechos humanos, permanecían en prisión 117 personas en esas condiciones. Algunas cifras ilustran con elocuencia la indefensión y la falta de garantías con que se purgaron penas.

De aquellos 117 detenidos, 79 de ellos no tuvieron  abogado defensor propio hasta el momento de la sentencia; cerca de 60 nunca tuvieron abogado defensor; de los defensores oficiales  designados por el estado para esos presos, la mitad no se entrevistó nunca con su defendido; muchos de los defensores privados,  elegidos por el detenido, fueron asesinados, permanecen desaparecidos, fueron encarcelados o se exiliaron. La mayoría de aquellos presos fueron torturados y la muchos provenían de detenciones clandestinas; los tenebrosos “chupaderos” vigentes en los años de la dictadura.

Las durísimas condiciones de detención se regían por el decreto 1209/76 cuyas cláusulas eran secretas, lo mismo que los decretos complementarios 780/79 y 929/80.

Un ejemplo del rigor imperante en las prisiones para aquellos detenidos, es que muchos de ellos permanecieron entre uno y tres años totalmente incomunicados; y cuando sus letrados presentaron recursos de amparo por las condiciones de detención, en la casi totalidad de los casos los jueces rechazaron sus reclamos. Apenas en seis oportunidades, fueron atendidas la demandas, y esto fue así en razón de graves problemas de salud padecidos por los presos. En la totalidad de los casos, las causas que llevaron a aquellas personas a perder su libertad, fueron de índole política.

A pesar de lo expuesto, horas antes de cumplirse el 8º aniversario del golpe militar, el entonces ministro del Interior del Doctor Alfonsín, Antonio Tróccoli, sostenía que “no existe en la República Argentina la categoría de presos políticos.”

Intentando desmentir esa afirmación, en la tarde del 18 de abril de 1984, organizaciones de defensa de los derechos humanos, acompañadas por partidos políticos y centros  estudiantiles, manifestaron frente al penal de Villa Devoto reclamando por la libertad de aquellas personas que en plena vigencia del régimen democrático, permanecían detenidas por causas políticas reprimidas durante una época en que no existían las garantías constitucionales. Como una paradoja de aquella extraña situación, fueron las leyendas estampadas en los paredones de la prisión aquella tarde: simplemente pedían libertad.

Los casos mencionados, fueron paulatinamente revisados y mediante distintos mecanismos legales, los presos de la dictadura fueron recuperando la libertad.
Libro Pintadas Puntuales – Roberto Bongiorno – Ángel Pizzorno – Testimonios – 2020