El Desenlace

El sábado 18 la tensión en ascenso auguraba una pronta definición. Los tenientes coroneles Rico y Venturino, se apersonaron ante el Jefe de Estado Mayor general Ríos Ereñú en el Edificio Libertador. Un testigo presenció el dramático diálogo: “Fue penoso, Rico llegó y lo levantaron en andas, lo ovacionaron. A Ríos Ereñú lo verdugueó sin piedad. Le dijo que ya no mandaba a nadie, que la cúpula del Ejército se tenía que ir, que había que nombrar a un  general joven para que el generalato se retirara del arma. (…). Queremos una amnistía, o pasos que conduzcan a ella, queremos que se vayan los generales comprometidos con la peste alfonsinista. No confiamos en ustedes, en realidad no confiamos en nadie. Son unos burócratas desprocesados. Nos quieren usar como cabeza de turco” (1). Cuando el general intentó explicarle a su subordinado que el presidente de la Nación le había asegurado algo al respecto, Rico estalló: “No le creo, señor. No creo en nada de eso. Que el presidente me lo diga en la cara” (2).

Los rebeldes se retiraron del Comando General y el devaluado Jefe de Estado Mayor se entrevistó con el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena. Nuevos mediadores fracasaron, entonces con la autorización del presidente, Jaunarena se dirigió al búnker de los rebeldes en Campo de Mayo. Paralelamente, los dirigentes del amplio arco político argentino, acompañados por los sindicatos, empresarios y organismos de derechos humanos, se reunían en la Casa Rosada para firmar un documento titulado Acta de Compromiso Democrático. El texto ratificaba el pleno apoyo a la Constitución Nacional, condenaba a quienes pretendían subvertir el orden democrático e instaba a la población a movilizarse en defensa de esos postulados. Salvo los trotskistas Partido Obrero (PO) y Movimiento al Socialismo (MAS), además de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), el resto adhirió sin condiciones. Las organizaciones nombradas cuestionaban en particular un artículo, que – a su juicio – dejaba abierto el camino a la amnistía. Los comunistas (PC), firmaron con reservas.

La multitud concentrada en la Plaza, matizaba la espera de novedades con duelos de consignas. Los críticos del gobierno reprochaban: “Esto pasa… ésto pasa, por el Punto Final”. A su vez, los radicales replicaban con el rítmico “Al – fon- sín”; seguido desde el otro costado, por un atronador “Pe – rón… Pe – rón”; la diferencia se salva con el unificador grito de “Argentina… Argentina”. A media mañana Jaunarena arriba a Campo de Mayo y luego de un tenso y breve diálogo con Rico y Venturino,volvió a la Casa Rosada con las manos vacías; Alfonsín era la última carta que quedaba por jugar para desactivar la rebelión.

Notificado el Jefe de Estado por su ministro, decidió dirigirse al foco del motín. Pero antes hablaría a la masa que esperaba ansiosa. Desde el histórico balcón, el mandatario intentó calmar la excitación de los manifestantes. Reflexionó sobre las virtudes de la democracia y pronunció una frase desafiante: “Estamos arriesgando sangre derramada entre nuestros hijos. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos y es por eso que antes de proceder, he resuelto y he tomado una decisión: dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos” (3). A continuación pidió a la gente que lo esperara en ese lugar. Y marchó en helicóptero a Campo de Mayo con unos pocos acompañantes. Allí se reunió con Rico y Venturino y otro militar como testigo. Los argumentos de una y otra parte, habrían sido los mismos intercambiados en los interminables cabildeos de los días anteriores entre rebeldes y enviados gubernamentales. Alfonsín ratificó su decisión de reinsertar a las Fuerzas Armadas en la vida democrática, prometió el relevo de Ríos Ereñú, la Justicia Militar investigaría la participación de los cuadros de menor graduación y el juez federal interviniente se ocuparía de Rico. Pero los “carapintadas” obtuvieron su objetivo mayor: la posibilidad de una amnistía a corto plazo junto con el descabezamiento del Ejército, ya que catorce generales pasaron a retiro; varios de ellos con responsabilidades durante la dictadura.

De vuelta al balcón de la Casa de Gobierno, el presidente anunció el final de la crisis: ”Compatriotas, los hombres amotinados han depuesto su actitud…”. A continuación agregó que de aquellos hombres, algunos eran héroes de Malvinas pese a adoptar una actitud equivocada.

También aclaró que serían sometidos a la Justicia y se despidió con su histórica frase: “La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”. Confirmando lo que ya era de dominio público, el 8 de junio de 1987 se sanciona la ley N° 23.521, conocida como de “Obediencia Debida”. La misma ordenaba cesar la persecución judicial a quienes hubieran cometido delitos durante la vigencia del terrorismo de Estado; del grado de coronel para abajo.

No obstante en enero de 1988, Rico, quien cumplía arresto domiciliario en un barrio privado, se fugó y mediante un video, anunció que encabezaba otra rebelión desde una unidad de la localidad correntina de Monte Caseros, alegando “incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno”. Fue reducido y enviado a la prisión militar de Magdalena. Pero otro jefe que durante la conmoción de 1987 cumplía destino en Panamá, donde ayudó a ese país a transformar su Guardia Nacional entrenada por los norteamericanos, en una Fuerza Nacional de Defensa comprometida con el pensamiento nacional – latinoamericano del general Omar Torrijos, retornó a la Argentina de incógnito. Se trata del coronel Mohamed Alí Seineldín, veterano de la Guerra de Malvinas que se alzó en la unidad de Villa Martelli, planteando una serie de reivindicaciones para la fuerza. También fue anulado y detenido.

Pero en enero de 1989 en el marco de un país devorado por la hiperinflación, un oscuro episodio protagonizado por una organización de izquierda, el Movimiento Todos por la Patria (MTP), en cuya conducción descolló el ex jefe militar del ERP, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, pretendió copar el Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, alegando que allí se gestaba un golpe de Estado. La pretensión declarada por el MTP habría sido anular a los presuntos golpistas y encabezar una movilización popular que derrotara al alzamiento en marcha, algo que nunca fue probado. El resultado fue un nuevo e inesperado drama que mantuvo al país en vilo durante 48 horas, dejando una secuela de muerte y destrucción y nuevos desaparecidos.

Menos de un año después, el presidente Carlos Menem, firmó los indultos de los jefes procesistas que permanecían en prisión y también, de los ex líderes guerrilleros de la Organización Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) con protagonismo en los años ‘70, menos Gorriarán Merlo. El argumento menemista fue conseguir mediante esas normas, la “pacificación y reconciliación nacional”.

Pero en el año 2003 bajo el gobierno de Néstor Kirschner, las leyes y decretos de impunidad fueron derogados mediante la ley N° 25.779. A las antiguas pruebas se sumaron nuevos testimonios y los beneficiarios de los indultos junto a otros denunciados, fueron sometidos a juicio y en pleno siglo XXI, siguen apareciendo testimonios de víctimas del terrorismo de Estado. Decenas de genocidas fueron a prisión y otros murieron en libertad antes que el brazo de la Justicia los alcance. De todos modos, gran parte de la población y los organismos de Derechos Humanos, sintieron que la Justicia volvía a ser el fiel de la balanza.

De los antiguos protagonistas de la Semana Santa de 1987, es público que Aldo Rico junto a su viejo camarada Venturino, fundaron en los años ‘90 el Movimiento por la Dignidad y la

Independencia (MODIN). Con esa base política, Rico convirtió (elecciones de 1997) su estructura en la tercera fuerza nacional y accedió durante dos mandatos a la intendencia del partido bonaerense de San Miguel. Venturino se dedicó al comercio gastronómico y Ernesto Barreiro que se había refugiado en Estados Unidos en 2003, fue extraditado y cumple condena a perpetuidad en su domicilio. Seineldín falleció en el año 2009, después de cumplir trece años de prisión.

Conclusiones
A partir de 1955 cuando fue derrocado el gobierno constitucional de Juan D. Perón, las fuerzas armadas argentinas ingresaron en un estado deliberativo que se prolongará durante muchos años. A las distintas facciones, no les quedó claro el rumbo a seguir una vez derrotada la “Segunda Tiranía”. El primer ejemplo de esa nueva etapa, fue el golpe palaciego que destronó al general Eduardo Lonardi cuando hacía menos de dos meses que estaba a cargo del gobierno de facto. Los responsables fueron el sector más liberal y antiperonista del mismo gobierno, encabezado por el general Pedro Aramburu y el almirante Isaac Rojas. De allí en más, las luchas facciosas y la tutela sobre gobiernos civiles débiles -que hay que reconocer que en la mayoría de los casos se sometían a las exigencias de los militares- generó una inestabilidad política permanente, cuyo telón de fondo era la proscripción del peronismo. Las FF.AA. se politizaron intensamente, convirtiéndose en un partido militar con intereses propios y los de sus socios civiles; aún con las luchas de poder interno. Basta con recordar los enfrentamientos entre “azules y colorados” en 1962 y 1963, que llenaron de angustia a nuestro pueblo. El contexto de la Guerra Fría mundial y las llamadas “Misiones Militares” que EE.UU. exportaba a los países de su zona de influencia y los cursos para cuadros en la Escuela de Las Américas (Canal de Panamá), hizo estragos en las doctrinas militares de la región que como en el caso argentino, se fueron alejando de su principal misión que es la defensa nacional. El concepto soberano, fue reemplazado por la teoría del “Enemigo Interno” y la Doctrina de la Seguridad Nacional que en nuestro caso, había enunciado el general Juan Carlos Onganía en 1964 siendo Comandante en Jefe del Ejército Argentino, durante el gobierno de Arturo Illia. Según dicha doctrina, presentada en conferencia ante los jefes de todos los ejércitos americanos, las nuevas fronteras eran ideológicas y no territoriales, y en caso de considerarlo necesario, los gobiernos civiles podían ser derrocados por la “reserva moral” uniformada. El poder político argentino no reaccionó entonces, ante esa proclama subversiva.

Dos años más tarde Onganía era dictador con la suma del poder, después que la Junta Militar desalojara a Illia de la Casa Rosada.

La violencia castrense había comenzado con el demencial ataque aéreo a la ciudad de Buenos Aires el 16 junio de 1955, perpetrado por la Aviación Naval y la Fuerza Aérea para derrocar a Perón. El asalto al poder fracasó, pero el costo fue unos 400 muertos y más de dos mil civiles heridos. Siguieron fusilamientos, persecuciones y una creciente resistencia popular. La falta de democracia habilitó otras formas de lucha. El discurso dominante en las instituciones armadas, era que Argentina formaba parte de una guerra mundial entre el “Occidente Cristiano” y el “totalitarismo comunista”. El enemigo ahora estaba adentro, podía ser cualquier vecino. Semejante paranoia fue engendrada por la Escuela Francesa formada en las guerras coloniales de Argelia y Vietnam.Y luego adoptada por EE.UU. quien la trasladó a América Latina. El método: la tortura como método de interrogatorio para obtener información y destruir al enemigo. Durante la dictadura, un grupo de ex militares franceses habría estado en Buenos Aires asesorando a los grupos de tareas en esas prácticas criminales.

Los juicios contra los genocidas demostraron que la inmensa mayoría de las víctimas fueron militantes políticos y sociales, estudiantes, obreros, docentes; sin vínculos con la violencia política. La lucha “antisubversiva” fue la principal excusa esgrimida por el terrorismo de Estado para disciplinar la sociedad por el miedo y así, instalar el modelo económico que daría vuelta la matriz productiva argentina. El experimento al venir de mano de un gobierno de fuerza, terminó como debía terminar; con un rotundo fracaso económico y una secuela de horrores, desde el genocidio hasta la guerra de Malvinas.

Nada de ésto hubiera pasado de haberse respetado el proceso democrático interrumpido en marzo de 1976, cuando sólo faltaban seis meses para elegir un nuevo gobierno. Pero no hay golpes de Estado sin consenso en la civilidad. Y en 1976 como pasó en 1955, también el asalto al poder tuvo cómplices civiles.

Las jornadas de Semana Santa de 1987, fueron sólo remezones de un pasado que pese a ser entonces tan cercano, no podría volver. Nuestro pueblo levantó un muro de voluntades, frente a aquellos que no comprendían que la prepotencia armada ya estaba sepultada para siempre en lo peor de nuestra Historia. “Fue una pesadilla”, dirán algunos. No. Es memoria, decimos otros; porque las pesadillas son involuntarias, pero la memoria permanece y podemos transformarla en voluntad y la voluntad, en acción.

1) Revista El Periodista – N° 137 – Abril de 1987
2) Revista El Periodista – Idem.-
3) Grecco Jorge – González Gustavo – Felices Pascuas (Los Hechos Inéditos de la Rebelión Militar) – Ed. Planeta Argentina, Buenos Aires – 1988.-