El análisis realizado en 14 países de Latinoamérica reveló que la deuda universitaria se manifiesta a través de barreras estructurales, tecnológicas, pedagógicas y, fundamentalmente, por la fragilidad institucional y la falta de políticas sostenibles.

Por Hilda Alejandra Ramos Guillermo

La Deuda Pendiente de las Universidades: Barreras y Desafíos de la Accesibilidad Académica para Estudiantes con Discapacidad en Latinoamérica

INTRODUCCIÓN
En el contexto del siglo XXI, la región de América Latina y el Caribe (ALC) enfrenta una profunda desigualdad social que se refleja directamente en el acceso a la educación superior. Las universidades históricamente han estado «vedadas» para sectores marginados, incluyendo a las personas con discapacidad (PcD). Las estadísticas históricas revelan que menos del 1% de los estudiantes universitarios presenta alguna discapacidad, evidenciando un acceso profundamente desigual a este nivel de estudios.

Este panorama de exclusión constituye la deuda pendiente de las instituciones de educación superior en la región. Si bien el ingreso de PcD a las universidades comenzó lentamente a partir de la década de 1970, un impulso crucial se dio con la Convención de Derechos Humanos de las PcD en 2006, que exige a los Estados Partes garantizar el acceso general a la educación superior sin discriminación, en igualdad de condiciones y asegurando los ajustes razonables necesarios.

A pesar de que en la década de 2010 se promulgaron leyes y se generaron políticas públicas que, en algunos casos, consideraron vías especiales de ingreso y adaptaciones, la mayoría de estas iniciativas carecen de reglamentos o financiamiento adecuado, lo que genera mecanismos de «inclusión-exclusión».

El objetivo central de los estudios de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos fue describir y analizar la realidad de la accesibilidad académica y la calidad educativa para los estudiantes con discapacidad (EcD) en el contexto de la crisis sanitaria. La pandemia de COVID-19 expuso y agravó la vulnerabilidad de este grupo, incrementando el riesgo de exclusión educativa y deserción del sistema.

En lo personal presente propuesta en 3 universidades en tabasco con el apoyo de UNAM quienes tienen ya todo el sistema de integración y que con gusto comparten con el resto del país.

DESARROLLO: LAS BARRERAS QUE SOSTIENEN LA DEUDA
El análisis realizado en 14 países de la región (incluyendo Argentina, México, Chile, Colombia, Perú, y otros) reveló que la deuda universitaria se manifiesta a través de barreras estructurales, tecnológicas, pedagógicas y, fundamentalmente, por la fragilidad institucional y la falta de políticas sostenibles.

1. La Fragilidad de las Políticas Institucionales (Dependencia de la «Buena Voluntad»)
Una barrera estructural crítica en las universidades de ALC es que la atención a los EcD depende casi exclusivamente de los programas o unidades de apoyo ya existentes. Esto significa que las acciones afirmativas, como las capacitaciones a académicos o la elaboración de protocolos, son a menudo el resultado de la iniciativa y el compromiso de equipos profesionales dedicados, más que de políticas institucionales transversales.

Esta falta de transversalidad es preocupante, ya que la continuidad de las prácticas inclusivas y los recursos económicos para ellas quedan supeditados a las voluntades políticas de las autoridades universitarias de turno. Los marcos legales, aunque existen en teoría para la inclusión, se traducen en medidas insuficientes en la práctica. Los resultados mostraron una gran heterogeneidad de estrategias: algunas instituciones desarrollan políticas sólidas, mientras que otras ofrecen solo apoyos esporádicos.

2. Recortes Presupuestarios y Sostenibilidad Financiera
La falta de financiamiento adecuado es un obstáculo estructural que viola el derecho a la educación inclusiva. En varios países (como Venezuela, Perú, Panamá, Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile y Costa Rica), los recursos destinados a los acompañamientos y políticas de apoyo se han visto mermados. Por ejemplo, se identificaron recortes presupuestarios importantes en Venezuela, Brasil, Guatemala y Chile. La preocupación radica en el futuro de los EcD si los Estados y las universidades no destinan un presupuesto estable para mantener los apoyos técnicos y humanos esenciales.

3. Barreras Tecnológicas y de Conectividad
La pandemia intensificó las barreras de accesibilidad. La educación a distancia reveló que los estudiantes más vulnerables, incluidos los EcD, carecen de equipos computacionales y/o conectividad, lo que amplía la desigualdad educativa y aumenta el riesgo de deserción. La dificultad de acceso a la comunicación fue una de las barreras más latentes para los EcD en el medio virtual. A pesar de que algunas universidades han adquirido equipos y planes de conectividad para el estudiantado en general, solo países como Argentina (para todos sus estudiantes universitarios) y Colombia (financiando matrículas) han tomado medidas amplias para asegurar la continuidad.

4. Barreras Pedagógicas y la Formación Docente
La calidad educativa y la adaptabilidad (una dimensión clave de los DD.HH.) se vieron limitadas por la falta de preparación docente. La mayoría de los docentes carecieron de capacitación previa para planificar la enseñanza a distancia garantizando calidad y equidad. Se sintieron desprovistos para tomar decisiones y ofrecer una educación de calidad para la diversidad, dada la sobrecarga laboral y la falta de contacto directo para realizar los ajustes razonables requeridos.

Muchos profesores se capacitaron únicamente en el uso de herramientas tecnológicas, pero no en el diseño universal (DUA) o en estrategias metodológicas para la diversidad. El desafío metodológico que enfrentan los docentes para involucrar a todo el estudiantado requiere avanzar hacia la diversificación de estrategias y la adopción del Diseño Universal.

5. Barreras Actitudinales y Estereotipos
Detrás de las deficiencias tecnológicas y pedagógicas, subyacen barreras más profundas: las actitudinales. La exclusión se refuerza por la visión estereotipada y la discriminación que prevalece en la comunidad educativa. Los docentes de la educación formal (en contexto latinoamericano, incluyendo Ecuador) pueden tener una actitud positiva hacia los EcD como miembros de la sociedad, pero esta actitud se vuelve negativa o genera resistencia cuando deben aplicar estrategias didácticas y adaptaciones exigidas por el marco legal debido a la falta de preparación, recursos y personal especializado. Superar estas barreras actitudinales es fundamental para el cambio de paradigma.

CONCLUSIÓN: CAMPOS DE OPORTUNIDAD PARA SALDO DE LA DEUDA
La crisis reveló que, aunque los EcD requieren ajustes y adecuaciones para garantizar la accesibilidad y el progreso, las universidades se vieron sobrepasadas en sus condiciones estructurales, tecnológicas y pedagógicas. Para saldar esta deuda pendiente y garantizar el derecho a la educación superior en ALC, se deben impulsar transformaciones estratégicas:

1. Institucionalización de la Inclusión: Es imperativo que las universidades construyan políticas institucionales sólidas y destinen recursos estables para sostener las prácticas inclusivas. Se debe dejar de depender de la iniciativa de unidades de apoyo aisladas y avanzar hacia políticas transversales que fomenten una cultura institucional inclusiva.
2. Garantía de Financiamiento Sostenible: Los Estados deben garantizar un financiamiento adecuado y sostenible para la educación inclusiva. Esto implica asegurar recursos para infraestructura accesible, materiales educativos adaptados (como Braille o lenguaje de señas), tecnología accesible y salarios dignos para el personal de apoyo.
3. Formación Docente en Diseño Universal: La capacitación docente debe ser profunda y constante, enfocándose en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y no limitándose solo al uso de herramientas tecnológicas. Es necesario que los profesores estén habilitados en técnicas de apoyo, medios de comunicación aumentativa y adaptaciones curriculares y metodológicas.
4. Reafirmación del Paradigma de Derechos: Es esencial que se produzca un cambio real de paradigma, superando el modelo asistencialista para garantizar el pleno uso de los derechos de las PcD, reconociéndolas como titulares de derechos. La inclusión debe ir más allá de la mera «integración» y enfocarse en la adaptabilidad y relevancia de la enseñanza para promover un aprendizaje significativo.
5. Inclusión de la Voz de los Estudiantes: La articulación de esfuerzos debe ser colaborativa. Para que las políticas sean pertinentes, es crucial incorporar la voz de los estudiantes con discapacidad en el diseño, implementación y evaluación de las políticas institucionales y acciones afirmativas.

BIBLIOGRAFIA: Krause, A., García, G., Katz, S., y Rodríguez, S. (2021). Universitarios con discapacidad: realidades y desafíos en contexto de pandemia de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Revista Educación Superior y Sociedad, 33(2), 496-524. e-ISSN: 26107759.

Autor Mtra. Hilda Alejandra Ramos Guillermo LTS /MVZ
(investigador social UJAT) Tabasco México