La planificación de autopistas y rutas seguras en zonas de alto tránsito. La señalización y colocación de defensas, rotondas y puentes. La atención y prevención de emergencias viales, especialmente en épocas invernales o de inundaciones.

Vialidad Nacional: La Otra Música
En los 70, Luis Alberto Spinetta popularizaba la estrofa: “Rutas Argentinas hasta el fin”.
Hoy, sino fuera por la justicia que frenó el decreto 461, sería el fin de las Rutas Argentinas

El decreto preveía el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Se propiciaba la eliminación del organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales. Sus funciones serían traspasadas al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

La medida se dio a conocer en la víspera del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación mediante la Ley Bases, cuya finalización operó hasta el 8 de julio de 2025

Pero la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns suspendió el decreto 461 que el presidente de la Nación dictó el mismo día donde vencía los super poeres y por cuál disolvió la Dirección Nacional de Vialidad.

La magistrada, en su resolución a la que accedió, le ordenó al Poder Ejecutivo “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto mencionado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad“.

Lo hizo al dictar una medida cautelar en una causa que inició el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA). La jueza estableció en seis meses la vigencia de la suspensión del decreto.

En su resolución, la magistrada sostuvo que en el caso se dan los dos requisitos para dictar una medida cautelar: verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. “Dentro del limitado marco de conocimiento que admite el presente pronunciamiento cautelar, considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada”, consideró la magistrada.

Dirección Nacional de Vialidad es el organismo que se ocupa del mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales con más de 5.500 trabajadores en todo el país. Su desguace fue justificado por el vocero presidencial, que afirmó que «La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”.

Adorni aseguró que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”, y que “el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes”. Cabe destacar que debido a las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno, no se realizó ningún tipo de inversión en obra pública desde diciembre de 2023.

La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Milei y al ministro Sturzenegger, del impacto de la medida anunciada que generará “rutas nacionales de la muerte”.

Según señaló la dirigente, al disolver el organismo clave en el mantenimiento, se va a profundizar la peligrosidad de las rutas argentinas.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armando este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.

Para la referente sindical, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.

Por otra parte, alertó que con esa decisión, “más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura

Aleñá explicó que “esto no es una simple reorganización administrativa” como lo presenta el Gobierno, ya que «significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”.

Asimismo, desmintió al Gobierno que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla.

Según Aleñá, «sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal”.

Vialidad Nacional fue durante décadas el organismo técnico encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial nacional en Argentina. Su función principal era garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en las principales vías de circulación como en corredores estratégicos para el transporte productivo y turístico.

Fundamentalmente, se encargaba del mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales con más de 5.500 trabajadores en todo el país. Otras de sus actividades centrales comprendían:

La planificación de autopistas y rutas seguras en zonas de alto tránsito. La señalización y colocación de defensas, rotondas y puentes. La atención y prevención de emergencias viales, especialmente en épocas invernales o de inundaciones.

Además, el organismo debía conectar turísticamente al país, garantizando el acceso a regiones como la Patagonia, el Norte argentino y la zona cordillerana.

La decisión deja al menos 118 rutas nacionales sin mantenimiento ni cobertura. De todas formas, los gremios denunciaban el cese de actividades públicas desde el comienzo de la gestión de Milei. 

El nuevo organismo que pretende hacerse cargo sería la Agencia de control de concesiones y servicios públicos de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. El objetivo es avanzar hacia la privatización de la red de transporte terrestre de Argentina, al menos la que depende del Gobierno central. En manos de las provincias hay otros 179.000 kilómetros de redes secundarias.

Hace un mes, el Gobierno lanzó la licitación de los primeros 741 kilómetros sin subsidios públicos, pero viene retrasada por la falta de privados interesados.

Los hitos más destacados de Vialidad Nacional desde su creación 5 de octubre 1932, a la fecha:

Entre los acontecimientos más significativos de la historia del organismo pueden destacarse, por ejemplo, la colocación en 1935 del monolito que indica el Km 0 en la Plaza del Congreso, y las inauguraciones en 1938 de la Ruta Nacional 2 Buenos Aires – Mar del Plata; en 1941 de la avenida General Paz; en 1948 de la autopista Teniente General Pablo Riccheri; en 1945 del Puente Internacional Paso de los Libres – Uruguayana; en 1949 del puente Choele Choel sobre el río Negro; en 1956 del Paso Garibaldi en Tierra del Fuego; en 1977 del Complejo Ferrovial Zárate – Brazo Largo sobre el río Paraná; en 1980 de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno; en 2003 del puente Rosario – Victoria, y en 2010 de la Autopista Rosario – Córdoba.