Jurisprudencia y Fiscalización: Si bien no hay fallos recientes del STC sobre cupo, la AGCBA actuó como fiscalizador legal, con hallazgos que podrían motivar sanciones o interpelaciones políticas, por el claro incumplimiento de una ley vigente.

Por Dra. Marcela Augier*

CABA incumple su propio marco legal: solo alcanza el 0,9 % en cupo laboral para personas con discapacidad…

1. Situación Actual: Retroceso en Lugar de Avance
Un informe de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) analizó los datos del Poder Ejecutivo porteño entre 2022 y 2023, reflejando que solo el 1,2 % del personal era persona con discapacidad en 2022, y ese número bajó al 0,9 % (1.295 personas sobre 144.081 empleados) en 2023, muy lejos del requisito legal del 5 % 
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Este descenso muestra un retroceso inadmisible, no solo una falta de cumplimiento, sino abandono del compromiso legal mínimo.

2. Fundamentos Jurídicos Normativos
Ley CABA 1502/2004 (art. 4): impone el cupo del 5 % con incorporación gradual, debiendo alcanzar 2 % en dos años y 5 % en cinco años. La Ley 3230/2009 extendió el plazo al 2010, sin nueva ampliación de plazos o derogación.
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Constitución de la Ciudad, art. 41: igualdad de oportunidades incluyendo la inserción laboral.

Ley Nacional 22.431 (arts. 8 y 9) y Convención de la ONU (Ley 26.378/2008), art. 27: refuerzan la obligatoriedad del cupo.

3. Doctrina y Enfoque Actual
La doctrina reciente subraya que sin un sistema de seguimiento, sanciones e incentivos, el cupo se vuelve letra muerta. Aunque no hay monografías 2024–2025 específicas al cupo, se hacen eco de la auditoría y plantean:

“La eficacia de la inclusión exige políticas activas, no declaraciones vacías”, VOX Discapacidad (2025).

Expertos en derecho constituyen que la no progresividad (retroceso del 1,2 al 0,9 %) es directamente incompatible con el compromiso internacional asumido por Argentina 
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4. Jurisprudencia y Fiscalización
Si bien no hay fallos recientes del STC sobre cupo, la AGCBA actuó como fiscalizador legal, con hallazgos que podrían motivar sanciones o interpelaciones políticas, por el claro incumplimiento de una ley vigente.

El Poder Judicial de CABA, en el ámbito jurisdiccional, se muestra más comprometido: el Consejo de la Magistratura alcanzó el 5 % en 2023, sin embargo, sigue fallando en aspectos formales como el registro de CUD y planes de necesidades especiales 
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5. Conclusión: Obligación Incumplida y Desafíos por Venir
La Ciudad puede, pero no quiere: el acceso a vacantes y ajustes razonables no ha sido garantizado, como indica la auditoría.

Sin fiscalización real: falta de sanciones o metas actualizadas.

Derecho vs. voluntarismo: se necesitan mecanismos automáticos, no voluntad política variable.

Medición y sanciones: sin actualizar registros formales y Certificado Único de Discapacidad, no se puede verificar cumplimiento.

Próxima instancia: se recomienda la presentación de amparos colectivos con base en el fallo local González c/ GCBA (2020) para obligar al Ejecutivo a cumplir con el cupo e implementar ajustes.

Referencias principales (2024–2025)
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Proyecto 4.24.03, 19/III/2025 
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Informe periodístico “Grave incumplimiento…”, EnOrsai, 2/VI/2025 
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Seguimiento normativo Consejo Magistratura & Poder Judicial, 2024–2025 .

Suplemento CSJN “Derechos de las Personas con Discapacidad”, 19/V/2025 
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*Especialista en Discapacidad