La Argentina de 1912 era un país de fuertes contrastes. Apenas dos años antes, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta, se había celebrado el primer centenario de la Revolución de Mayo. El gobierno festejó con toda pompa y sin reparar en gastos la fecha patriótica, para de paso mostrar al mundo, a través de los ilustres visitantes llegados desde las principales naciones amigas, un país opulento, desbordante de riquezas naturales y con una ciudad Capital que no tenía nada que envidiar a París y Londres. Pero en la misma Buenos Aires y a pocas cuadras del centro de los festejos, otra Argentina se las arreglaba  como podía; la que se hacinaba en los conventillos, la que carecía de empleo o dejaba la vida en talleres y fábricas a un ritmo de 14 o 16 horas diarias. Sin obra social ni legislación laboral y careciendo de los derechos más elementales. La agitación social llevó al gobierno a practicar redadas preventivas, en las que cientos de militantes anarquistas y socialistas fueron detenidos. Dos años más tarde, en abril de 1912 asume la primera magistratura Roque Sáenz peña. Su gestión pasó a la historia por haber puesto en vigencia la Ley del Voto Universal, Secreto y Obligatorio, que acabó con más de medio siglo de fraude electoral.

Pero las injusticias no sólo abundaban en las ciudades. En las zonas rurales donde miles de inmigrantes habían arribado en busca de las tierras a las que creían poder acceder, la gran propiedad terrateniente tenía el control de prácticamente todas las áreas productivas.

En razón del aumento de la demanda internacional sobre la producción primaria, los dueños de los latifundios antes improductivos, encuentran la posibilidad de generar renta sin correr riesgos ni invertir; es el alquiler de los campos a los agricultores que carecen de ellos o en el caso de quienes ya tienen, aumentar la superficie cultivable. Pero las condiciones son abusivas; el propietario además de la tierra provee al inquilino las máquinas,  herramientas, todos los insumos necesarios y hasta los alimentos, pero a precios exorbitantes que ni las mejores cosechas le permiten saldar la deuda contraída.

Luego de finalizada la campaña de 1912 que había permitido cosechas excepcionales, en el haber de los arrendatarios sólo quedó en muchos casos, la tranquilidad de haber cancelado las deudas con el propietario y en otros, ni siquiera eso. La situación se vuelve tan explosiva que en junio de ese año en la localidad de Alcorta en el sur santafesino, unos dos mil chacareros se reúnen y proclaman la huelga demandando una rebaja en el alquiler de los campos, plazos mínimos para el arriendo y otras medidas que apuntaban a disminuir la fuerte presión terrateniente sobre las contrataciones. 

Pese a la represión y las influyentes relaciones con que contaban los propietarios mayoritariamente enrolados en la Sociedad Rural Argentina (SRA), los chacareros luego de más de un mes de huelga comenzaron a obtener concesiones de los dueños de la tierra.

Consolidado el triunfo, el 15 de agosto de 1912 en la ciudad de Rosario los huelguistas victoriosos crean la Federación Agraria Argentina (FAA), entidad que nuclea pequeños y medianos productores. Ese importante conflicto que llamó la atención del país sobre las condiciones de explotación en el agro, pasó a la Historia como “El Grito de Alcorta.”

En la huelga agraria de 2008 en contra del aumento a las  retenciones a las exportaciones que intentaba imponer el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Federación Agraria Argentina tuvo un rol importante protagonizando cortes de rutas y obstruyendo la circulación de camiones con producción rural. Como pudo observarse en carteles a la vera de las rutas, algunos trazaron un paralelo entre “El Grito de Alcorta” y el paro contra las retenciones de 2008, pese a que en éste último conflicto la Sociedad Rural Argentina y otras entidades que incluyen en sus filas a los grandes propietarios, estuvieron en la vereda huelguista.