Cada semana nos enfrentamos a titulares que desgarran: jóvenes asesinados, atrapados en la red de narcotráfico y prostitución forzada. No son hechos aislados, son síntomas de una enfermedad social que se perpetúa ante la inacción estatal y la complicidad de ciertos sectores.

¿Dónde Están los Derechos Humanos?
Los Derechos Humanos, que deberían ser un escudo frente a estas violencias, parecen diluirse cuando se trata de la juventud más vulnerable. El derecho a la vida y a la dignidad está consagrado en nuestra Constitución Nacional (arts. 14, 16 y 18), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 4 y 5) y en la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3, 19 y 34, Ley 23.849).

Sin embargo, esos instrumentos parecen quedar en letra muerta cuando una adolescente es reclutada por un proxeneta bajo amenaza de droga o cuando un joven muere en una esquina víctima de la violencia narco.

La prostitución juvenil no es un “oficio” elegido: es la expresión más cruel de la trata de personas con fines de explotación sexual, delito regulado y penalizado por la Ley 26.364 y su modificatoria, Ley 26.842. Tal como advierte Zaffaroni (2012, p. 219), el crimen organizado vinculado al narcotráfico “desnuda la incapacidad de los Estados para proteger los derechos más básicos cuando la corrupción erosiona las instituciones”. En la misma línea, Farinella (2020, p. 45) recuerda que “la trata de adolescentes constituye una forma contemporánea de esclavitud incompatible con cualquier noción de dignidad humana”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares cuando existe aquiescencia o tolerancia estatal (Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, CIDH, 1988). Argentina no puede desentenderse: la omisión también constituye responsabilidad internacional.

Cada muerte joven en estas circunstancias es un fracaso colectivo. No son estadísticas, son vidas truncadas que nos interpelan como sociedad. Como bien señala Binder (2016, p. 103), “la justicia penal pierde legitimidad cuando no llega a quienes estructuran los mercados ilegales de violencia y explotación, y solo persigue a los eslabones más débiles”.

Los Derechos Humanos no pueden ser meros discursos de ocasión. Deben ser práctica efectiva y garantía real. La pregunta es dolorosa pero inevitable: ¿dónde están los Derechos Humanos cuando la juventud más vulnerable sigue siendo carne de cañón de la narcoprostitución, condenada a una vida breve y a menudo a una muerte temprana?

No habrá democracia plena mientras se naturalicen estas muertes. La urgencia exige políticas públicas integrales: prevención, educación, inclusión social, protección a las víctimas y persecución penal seria de los verdaderos responsables. El silencio, la indiferencia o la complicidad institucional también matan.

Marcela Noemí Augier
Abogada – Doctoranda en Discapacidad – Diplomada en Derechos Humanos (OEA)