Alberto Fernández cumplió un año en la presidencia el 10 de diciembre. Fueron 12 meses de una gestión marcada a fuego por la pandemia. Y por una crisis económica que se arrastraba desde el ciclo macrista, que se profundizó por el Covid y aún está lejos de resolverse.

El primer año de gobierno de Alberto, puede calificarse como el año que vivimos en peligro, porque se combinaron dos situaciones trágicas: la herencia recibida del macriato, el peor gobierno de la recuperación democrática en términos de distribución del ingreso, pobreza, aumento del desempleo, endeudamiento, incremento de la indigencia. Alberto tuvo una carga muy lacerante  a  la que se le adosó la pandemia. A pesar del contexto, el presidente no parece haber perdido el respaldo de su electorado y, según varios encuestadores, se abre la posibilidad de afianzarse en las elecciones legislativas de 2021.

El gobierno hizo lo que pudo e hizo bastante. Habilitó doce módulos de emergencia para evitar que colapsara el sistema sanitario. Veníamos de un gobierno que había desarticulado el Ministerio de Salud, lo había transformado en secretaría. Incluyó planes de emergencia para atender el ingreso de los argentinos, el IFE, la tarjeta Alimentar. También  se ocupó de las pequeñas y medianas industrias para sostener el empleo mediante los ATP. Hizo varias cosas para resolver, en medio de la pandemia y la herencia macrista, con fuerte presencia del Estado, una situación muy crítica. 

La medida por excelencia del gobierno fue la renegociación del 99% de deuda con los acreedores privados, la deuda demencial contraída por Mauricio Macri. Todavía queda el tramo con el Fondo Monetario Internacional. Esos 50 mil millones de dólares que Macri usó para financiar su campaña y fugarlos, cifra inédita en la historia del FMI y sin opinión del Congreso.  Recién están comenzando las negociaciones pero se espera que la destreza del Ministro Guzmán pueda resolverlo de manera adecuada. Seguramente será así.

El año que viene ya en la pospandemia, después de la vacunación masiva que se esstima en el primer semestre estará resuelta, comenzará una etapa de crecimiento económico. El Gobierno espera 5% de crecimiento, tal vez un poco más. Eso dependerá de que resuelvan dos temas cruciales que son parte de la herencia nefasta del macrismo.

 Por un lado el retraso salarial. La Argentina tiene hoy un déficit de ingreso salarial vinculado con el salario muy notable. Para que tengamos una idea, un salario formal privado promedio de los que menos ganan es de $ 41.000 y una línea de pobreza en $ 50.000. Es evidente que, aun siendo ocupado formal privado, la mitad de los trabajadores no puede superar la línea de pobreza para un hogar de cuatro miembros.

Estamos en una situación muy difícil. Jubilaciones, aun mejoradas con la fórmula que les va a permitir evolucionar sobre el costo de vida que fue la que aplicó Cristina Kirchner en sus dos gobiernos, hoy están bajo la línea de indigencia. Veinte mil pesos en promedio, por lo tanto eso también hay que resolverlo. Hay que solucionarlo porque es justicia social y es una cuestión ética fundamental, un compromiso electoral que asumió Alberto en 2019 al hacerse cargo del gobierno. 

Por otro lado, desde el punto de vista del crecimiento económico, la Argentina requiere un robusto consumo doméstico vinculado con el ingreso familiar que, en el 80 % de los casos, recibe ingresos vía salario, jubilaciones y pensiones. Eso debe mejorar  para que la Argentina crezca y, efectivamente, la meta para la pospandemia se cumpla. Tratándose de un gobierno peronista y aunque la oposición mediática y política siga jugando otro partido, descontamos que  Alberto lo va a mejorar.