La siembra de paz se da todos los días en pequeños actos: en las familias que luchan por el tratamiento de sus hijos, en las organizaciones de base que suplen las omisiones del Estado, en los jueces que aplican la ley con perspectiva de derechos humanos.

¿La Cosecha se Podrá Ver?
En una Argentina donde la corrupción política se ha vuelto paisaje cotidiano y la confianza ciudadana parece erosionada por funcionarios que confunden lo público con lo propio, la pregunta que nos convoca es inevitable: ¿es posible sembrar paz en el mundo de la discapacidad cuando el robo y la indiferencia parecen marcar la agenda estatal?

La discapacidad, lejos de ser una “cuestión sectorial”, constituye un termómetro moral de toda sociedad. Allí donde el Estado y los políticos fallan, los más vulnerados –personas con discapacidad y sus familias– son quienes primero sufren las consecuencias: pensiones retenidas, prestaciones médicas dilatadas, barreras físicas y sociales que se perpetúan. El robo político, en este contexto, no es un delito aislado: es una violencia institucional que se traduce en exclusión, desigualdad y pérdida de dignidad.

Pero sembrar la paz en este escenario no significa callar ni aceptar resignadamente la corrupción.

Sembrar la paz es construir justicia inclusiva, es apostar a la accesibilidad como política transversal, es exigir transparencia en el manejo de fondos que deberían destinarse a la salud, la educación y la rehabilitación. La paz en discapacidad no se funda en discursos vacíos, sino en políticas concretas que garanticen derechos. Como señala Palacios (2008, p. 57), “la verdadera inclusión se logra cuando la justicia social deja de ser un ideal retórico y se convierte en un mandato operativo del Estado”.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006, art. 19 y 28), con jerarquía constitucional en nuestro país, obliga a Argentina a generar entornos accesibles, a asegurar apoyos adecuados y a brindar igualdad real de oportunidades. Cuando los recursos son desviados por prácticas corruptas, se incumple no solo con un deber legal, sino con un mandato ético y humano. Como advierte Gozaíni (2021, p. 212), “la corrupción estatal en materia de derechos fundamentales no es solo un acto de ilegalidad administrativa, sino una negación del principio de dignidad que sustenta todo el orden constitucional”.

La siembra de paz se da todos los días en pequeños actos: en las familias que luchan por el tratamiento de sus hijos, en las organizaciones de base que suplen las omisiones del Estado, en los jueces que aplican la ley con perspectiva de derechos humanos. Allí germina un terreno fértil que la política, si se decidiera a dejar de robar, podría regar con justicia y equidad.

¿La cosecha se podrá ver? Sí, pero no será inmediata ni automática. La paz, como la inclusión, se construye con paciencia y persistencia. Si la corrupción no se frena, el cultivo se marchitará antes de florecer. Pero si la sociedad civil, los operadores jurídicos y los propios colectivos de personas con discapacidad mantienen la exigencia firme, la semilla brotará. Como recuerda Ferrajoli (2011, p. 35), “no hay paz sin derechos y no hay derechos sin garantías”.

La verdadera cosecha será visible cuando en la Argentina deje de ser noticia que una persona con discapacidad logró un medicamento o una pensión, y se convierta en lo natural: un país que cumple sus leyes, que honra los derechos humanos y que entiende que la paz no se decreta, sino que se practica en cada decisión política y judicial.

Por Marcela Noemí Augier – Abogada, Diplomada en Derechos Humanos (OEA) y Doctoranda en Discapacidad (Universidad Favaloro)