A los pocos días de haber iniciado Raúl Alfonsín su mandato en 1983, promovió el juicio a las juntas militares acusadas de violar derechos humanos. Paralelamente, se abrieron procesos judiciales contra los dirigentes guerrilleros que aún estaban vivos.

Esta decisión significaba trasladar a los hechos el castigo a los protagonistas de la “Teoría de los Dos Demonios” que el jefe radical pregonara en su campaña electoral. “Quisieron combatir al diablo con las armas del diablo y terminaron convirtiendo a la Argentina en un infierno”; enfatizaba Alfonsín.

Se realizó el conmovedor informe titulado Nunca Más sobre la represión clandestina. Se giraron las actuaciones a la Justicia Militar y ante la morosidad de ésta se trasladaron al fuero civil y con un plazo perentorio de cumplimiento.

La situación estallo en la Semana Santa de 1987. Ante la rebelión de un grupo de militares y la solidaridad silenciosa del resto de la Fuerza con éstos, Alfonsín desanduvo el camino.

Primero salió la ley conocida Punto Final, mediante la cual se fijaba un término para la presentación de denuncias. Y luego de la asonada encabezada por Aldo Rico, se sanciona la ley de Obediencia Debida. Mediante éste instrumento legal, todo el personal militar y de seguridad que actuó en la represión cometiendo hechos aberrantes, quedaba amparado y desprocesado por haber cumplido ordenes.

Sólo los comandantes de las dos primeras juntas militares fueron condenados. Jorge Videla (Ejercito), Emilio Massera (Armada) y Ramón Agosti (Fuerza Aérea) se transformaron en el símbolo del denominado Terrorismo de Estado, pues bajo su mandato se cumplió la etapa más dura de la represión ilegal.

Llegado Carlos Menem al gobierno en julio de 1989, la idea de una “ley del perdón” cobro fuerza en los ámbitos militares.

La sociedad civil se expreso mayoritariamente en contra y se multiplicaron las voces condenatorias a ésta salida. Partidos políticos, sindicatos, organismos de derechos humanos y centenares de entidades sociales de todo tipo ganaron las calles y las paredes repudiando esa eventual medida.

Finalmente, ésta se concretó mediante un indulto presidencial que libero a los militares procesados y a los escasos lideres guerrilleros que habían sido condenados.

Los Indultos de 1989

El 7 de octubre de 1989 el presidente Menem sancionó cuatro decretos indultando a doscientos veinte militares y setenta civiles.

Decreto 1002/89: indultó a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, excepto el exgeneral de división Guillermo Suárez Mason, que había sido extraditado de los Estados Unidos. 4​

Decreto 1003/89: indultó a líderes y miembros de los grupos guerrilleros y otras personas acusadas de subversión, entre ellas personas que se encontraban muertas o «desaparecidas». También indultó a militares uruguayos.5​

Decreto 1004/89: indultó a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988.

Decreto 1005/89: indultó a los exmiembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas.6​

Los Indultos de 1990

El 29 de diciembre de 1990 el presidente Menem sancionó seis decretos indultando a un nuevo grupo de personas.

Decreto 2741/90: indultó a los exmiembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini. Indultó también a los militares condenados en crímenes de lesa humanidad Ramón Camps y Ovidio Riccheri.

Decreto 2742/90: indultó a Mario Eduardo Firmenich, líder de la organización guerrillera Montoneros.

Decreto 2743/90: indultó a Norma Kennedy, procesada por malversación de fondos públicos.

Decreto 2744/90: indultó a Duilio Brunello, condenado a inhabilitación absoluta y perpetua por el delito de malversación de fondos públicos.

Decreto 2745/90: indultó al exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad (secuestro y torturas) contra Federico y Miguel Ernesto Guthein.

Decreto 2746/90: indultó al exmilitar Guillermo Suárez Mason por delitos de lesa humanidad.

Del Libro Pintadas Puntuales de Roberto Bongiorno – Ángel Pizzorno