El gobierno de Néstor Kirchner hizo del tema de los derechos humanos uno de los ejes de su política interior. A consecuencia de ello, se procedió a la derogación de las llamadas “leyes de impunidad” e indultos que en gobiernos anteriores, consagraron la libertad de centenares de condenados y procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976 – 1983.

Al cesar el beneficio mediante la anulación de las normas citadas, amnistiados e indultados volvieron a ser convocados por la justicia, ya que a juicio de la parte acusadora “los crímenes de lesa humanidad no prescriben.” Debemos recordar que nuestro país adhirió a convenios internacionales que establecen la no caducidad de éstos delitos.

En ese contexto de revisión de causas, fue sometido a juicio el ex policía bonaerense Miguel Etchecolatz. El ex comisario, fue el hombre fuerte de la policía bonaerense cuando ésta institución se hallaba a órdenes del general Ramón Camps, durante la última dictadura. Acusado de una serie de crímenes atroces, en 2007 se lo sometió a juicio. Etchecolatz fue durante el apogeo de la dictadura, Director General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y se lo acusó de estar a cargo de unos veinte Centros Clandestinos de Detención (CCD).

Uno de los testigos claves fue el albañil Jorge Julio López, un hombre de 77 años (en esa fecha), que en octubre de 1976 había sido secuestrado y permaneció en calidad de desaparecido en distintos centros clandestinos de La Plata donde fue sometido a torturas, incluyendo el llamado “Pozo de Arana”. En 1979 fue liberado. López era militante peronista y esa habría sido la causa de su secuestro.

Convocado por la justicia en calidad de testigo, su testimonio fue fundamental para que el ex represor Etchecolatz fuera condenado a prisión perpetua. Entre los fundamentos de la sentencia, pesaron el secuestro y las torturas a López y una serie de homicidios. El histórico testimonio de López que fue determinante para la condena del genocida, se registró a finales de junio de 2006. El 19 de septiembre de ese año, López iba a estar presente en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata para escuchar los alegatos previos a la condena de Etchecolatz. Pero un día antes, salió de su casa en el barrio platense de Los Hornos y nunca más se lo vio.

Las primeras sospechas asocian la desaparición del testigo con un secuestro vinculado a la condena de Etchecolatz con fines de venganza o con el objetivo de intimidar a otros testigos que debían declarar. Fue visto por última vez en cercanías de su domicilio sin que desde entonces, se registrara el menor rastro sobre su destino. Tanto el Ministerio del Interior de la Nación como los organismos de inteligencia y seguridad nacionales y provinciales, se abocaron a la búsqueda del desaparecido. Se ordenaron allanamientos al penal de Marcos Paz donde se alojaban unos 40 represores en busca de evidencias; se realizaron escuchas telefónicas y allanamientos a domicilios particulares. Los resultados siempre fueron negativos. Para complicar la investigación, un manojo de llaves pertenecientes a la víctima, fue hallado en el jardín de la propia casa: los peritajes de la policía afirmaron que estaría allí desde hacía tres meses y los gendarmes sostenían que sólo llevaba pocos días a la intemperie.

El gobierno provincial ofreció una recompensa en efectivo para quien ofreciera datos concretos que permitieran localizar a López; debido a la falta de resultados, la recompensa en 2007 ascendía a un millón de pesos.

También a fines de 2006 se denuncia la desaparición de otro testigo y militante político que había acusado al ex comisario y diputado electo Luis Patti, por apremios ilegales durante la dictadura. A éste policía también se lo había relacionado con los asesinatos de los militantes peronistas Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiasso. La declaración formulada ante una comisión parlamentaria, documentó la denuncia que impediría al ex policía hacerse cargo de su banca. En el caso Patti, Luis Gerez fue el testigo en cuestión.

El hombre habría sido privado de su libertad y luego liberado 48 horas más tarde, cuando todas las fuerzas de seguridad e inteligencia se pusieron en movimiento. El confuso episodio que nunca fue debidamente aclarado finalizó rápidamente y sin mayores consecuencias, ya que la víctima no sufrió daños, salvo las tensiones propias del episodio.

Al cumplirse el primer aniversario de la desaparición forzada del testigo clave en el juicio al genocida Etchecolatz, el Secretario de Derechos Humanos bonaerense, Edgardo Binstock asegura a un medio gráfico: “Si estuviera vivo, a esta altura alguien lo hubiera visto. Tratamos de ser prudentes por la única razón de que todavía no apareció el cuerpo” (1). El mensaje del funcionario no era precisamente esperanzador, después de un año de búsqueda y de intensa presión social, tanto de organismos de Derechos Humanos como de todo el arco político democrático.

No obstante, la búsqueda se mantuvo a lo largo de los años y a Miguel Etchecolatz se le aplicaron nueve condenas a cadena perpetua, por diferentes crímenes de Lesa Humanidad. Tuvo un lapso breve de detención domiciliaria pero en 2018 volvió a prisión. Estaba detenido en la Unidad Carcelaria 34 de Campo de Mayo y en las semanas previas a su fallecimiento, se lo derivó sucesivamente a dos sanatorios por dolencias serias, pero murió el 3 de julio de 2022, cuando la Cámara de Casación estaba por beneficiarlo con la prisión domiciliaria. Tenía 93 años.

Al cumplirse 16 años de la desaparición de López (septiembre de 2022), la Unidad Fiscal a cargo de las investigaciones por crímenes de Lesa Humanidad, informó que continuaba con el entrecruzamiento de unos diez millones de registros telefónicos y el relevamiento de sesenta y seis tumbas NN en el Cementerio de La Plata.

A finales del año 2022 el hombre desaparecido dos veces, sigue ausente.