Cuando en los medios de comunicación o en cualquier libro de historia vemos las matanzas, deportaciones y persecuciones por causas raciales, de nacionalidad o religiosas que en el siglo XXI todavía siguen registrándose en el mundo, la Argentina aparece como un territorio libre de esos flagelos, al menos en forma generalizada. La barbarie conquistadora de fines del siglo XV en adelante sobre los pueblos originarios a lo largo y lo ancho de las tres Américas y que no fue patrimonio exclusivo de España, como trata de hacernos creer la historiografía anglo sajona, ya es bastante conocida. Como también lo es la apropiación disimulada como cruzada civilizatoria operada en extensos territorios de nuestro país, ocupados por pueblos aborígenes. Salvo el exterminio por razones políticas implantado desde el Estado Nacional durante la última dictadura que no diferenció nativos de extranjeros, nuestro país parecería a simple vista, esa tierra dispuesta a recibir a “todos los hombres de buena voluntad” como promete la Constitución Nacional.

Algunos hechos de nuestro pasado obligan a poner en duda ésta afirmación: desde los gobiernos surgidos de la Revolución de Mayo que agrupaban a “Pardos y Morenos” en regimientos separados de los blancos, pasando por las primeras políticas de inmigración, hijas del pensamiento prejuicioso de “Civilización o Barbarie” que privilegiaban a la población europea por considerarla más “civilizada” que la autóctona, hasta la ley de Residencia de 1902, por tomar sólo los ejemplos más conocidos. Esa ley (N° 4144) cuyo autor fue el diputado Miguel Cané y que implementó el presidente Julio A. Roca, se convirtió en el paradigma de la discriminación por razones políticas y de nacionalidad. La misma permitía deportar a su país a los extranjeros considerados peligrosos para el orden social, no importaban los años de residencia en nuestro país ni que tuvieran familia o hijos argentinos. En el país de origen, en muchos casos al deportado le esperaba la cárcel, cuando se trataba de militantes con antecedentes. Curiosamente esa norma legal fue derogada recién en 1985.

Durante el proceso militar se implantó la llamada “ley Videla” que endureció el control sobre los extranjeros y aumentó las sanciones a los residentes ilegales, a punto de llegar a expulsar a extranjeros sin control judicial separando familias y sin posibilidad de defensa gratuita para el expulsado, ya que al carecer de documentos no podía acceder a un defensor oficial. También las escuelas públicas estaban obligadas a denunciar a los chicos extranjeros considerados ilegales. Consolidada la recuperación democrática, las leyes migratorias establecieron un marco legal más flexible y algunas garantías como el derecho básico a la salud y a la educación para el migrante ilegal, mientras regulariza su situación.

La creación del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) confirma la tendencia a encarar éste problema desde un punto de vista más acorde con la defensa de los derechos humanos. Hasta aquí, el rol del Estado. Pero ¿qué pasa en la calle?.

Vemos que subsisten muchas formas de discriminación como las que periódicamente denuncian los chicos que frecuentan discotecas o muchas personas con capacidades diferentes. Pero una de las más brutales por su claro mensaje xenófobo y racista, es aquella que recibe el hincha de Boca Juniors cuando al tradicional adjetivo de “bostero” se le agrega el de “bolita”; se lo pretende desmerecer llamándolo provocativamente “boliviano”, equiparando el vocablo a un insulto.a Es difícil desentrañar el origen de este calificativo que agravia tanto al que lo recibe (por la intencionalidad) como al ciudadano boliviano que ve su gentilicio usado como una ofensa, pero debe ser un llamado de atención puesto que surge con alarmante frecuencia, en los estribillos que se entonan en los estadios, en las bromas cotidianas y en las pintadas callejeras. Ninguna comunidad, pero particularmente el pueblo hermano de Bolivia de profundas raíces en nuestro territorio y con el cual compartimos un pasado común y lazos de sangre, sobre todo en el noroeste argentino, no merece semejante agravio.

Otras formas discriminatorias que tienen que ver con la elección sexual o cuestiones de género, desde los primeros años del nuevo siglo sufrieron un fuerte retroceso en base a políticas públicas y sobre todo por la desaprobación social en gran parte de nuestro pueblo. Especialmente en la juventud. Pero aunque los vientos de cambio parecen soplar fuerte en sectores históricamente vulnerados cultural y socialmente, el calificativo grosero y confianzudo, sigue gozando de buena salud en nuestra sociedad.

Del Libro Pintadas Puntuales – Roberto Bongiorno